PAMPLONA, 3 de marzo. Este martes, el asesor fiscal Miguel Moreno Purroy fue llamado a declarar en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones públicas. En su comparecencia, Moreno admitió haber emitido facturas fraudulentas de un restaurante local con el fin de brindar apoyo financiero al exasesor ministerial Koldo García.

Durante su intervención, el asesor fiscal explicó que entre mediados de 2016 y principios de 2018, emitió facturas que no reflejaban servicios reales ofrecidos. Aclaró que su decisión fue un gravísimo error y expresó su arrepentimiento: "No tengo excusas y sinceramente lamento haber actuado de esta manera. No lo volvería a hacer en ningún caso", aseguró, refiriéndose a su acción como un intento de ayudar a alguien que atravesaba una difícil situación económica.

Ante las preguntas de los representantes de UPN, Moreno confirmó que las facturas fueron solicitadas por Koldo García, quien había proporcionado una tarjeta de visita de la empresa Acciona con la información necesaria para emitirlas. Las facturas, que simulaban gastos de comidas en el restaurante Franky de Pamplona, estaban dirigidas a esta empresa, y el asesor mencionó que la tarjeta contenía el nombre de Fernando Merino, quien en ese entonces era el director del departamento de construcción de Acciona en Navarra.

Moreno compartió cómo García le confesó su situación precaria al haber sufrido un accidente que había afectado gravemente sus ingresos: "Él me dijo que estaba en apuros económicos, que las cosas no iban bien y que no tendría problemas en que Acciona hiciera el pago de algunas facturas relacionadas con comidas", indicó, comentando que el total de las facturas en cuestión no alcanzaba los 8.000 euros.

El asesor añadió que Acciona pagó las facturas del Franky por montos que no correspondían a comidas reales, precisando que aunque García frecuentaba el lugar, las facturas eran completamente ficticias. Según sus palabras, se trataba de alrededor de seis a siete documentos improductivos.

Explicando la situación, Moreno dijo que sí había cierto grado de amistad entre ellos y el propietario del restaurante, lo que lo llevó a aceptar una acción que admitió no debió haber realizado. "Siempre he conocido a Koldo como alguien dispuesto a ayudar; en su época como escolta, hizo muchos favores", relató, enfatizando que su decisión estuvo impulsada por esa relación de confianza.

En cuanto a Fernando Merino, aclaró que no podía defender sus acciones, pero dejó claro que, al igual que él, posiblemente actuó movido por razones de vínculo personal más que por motivos relacionados con licitaciones u obras públicas.

Moreno se defendió insistiendo en que no tuvo participación en ninguna adjudicación pública ni en decisiones administrativas y que no tenía conocimiento de ninguna estructura organizada vinculada a la contratación pública. Afirmó haber cortado todo contacto con los implicados desde principios de 2018, salvo encuentros esporádicos en 2020, que no tuvieron relevancia en la investigación.

A continuación, reveló que, tras conocer el informe de la UCO, decidió comparecer voluntariamente ante las autoridades judiciales y que, según la providencia de junio de 2025, no se le consideraba como investigado, aunque se reservaba el derecho de ser llamado como testigo.

Finalmente, Moreno manifestó que sentía un profundo deber de ser transparente desde el comienzo, y que había reconocido públicamente su error ante los medios. "Puedo afirmar con total seguridad que no he sido parte de ningún sistema de corrupción", concluyó en su declaración.

Asimismo, mencionó que conocía a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, pero que nunca había tenido comunicación con él.