En un contexto tenso, el sindicato CCOO ha elevado su voz este lunes, denunciando que la iniciativa de Correos para llevar a cabo una prueba piloto en Navarra no es un simple experimento, sino el inicio de un cambio estructural a nivel nacional orquestado por la dirección de la empresa. Según CCOO, esta reestructuración podría afectar a cerca de 2.500 carterías en todo el país, lo que tendría serias repercusiones tanto para los trabajadores como para los servicios públicos.

En un comunicado contundente, el sindicato ha dejado entrever que se preparan para movilizarse en Navarra en respuesta a lo que consideran un intento de reconfigurar el modelo de reparto sin el debido diálogo, ignorando a la mayoría sindical y provocando despidos. Este clima de incertidumbre ha llevado a CCOO a calificar las pruebas como parte de un plan estatal que se ha mantenido deliberadamente en secreto, estructurado en cinco fases, siendo la primera la implementación de 71 pruebas en todo el territorio, incluidas las de Navarra.

CCOO asegura que la ubicación de esta prueba no es fortuita y señala que, bajo el pretexto de una fase experimental, se busca expandir este nuevo modelo a la totalidad de las carterías del país. Advertidos de que esta prueba en Navarra es solo el comienzo de una implementación más amplia, el sindicato ha expresado su preocupación por la afectación que traerá este nuevo esquema en los recorridos, horarios y, en general, las condiciones laborales, lo que podría desorganizar gravemente el servicio postal.

La nueva propuesta operativa de Correos ha sido objeto de críticas severas por parte de CCOO, que sostiene que está siendo impuesta de manera unilateral y sin la debida transparencia. Las pruebas que se están llevando a cabo se realizan sin la información adecuada, evaluaciones de impacto en el empleo, y sin considerar el bienestar de los trabajadores, lo que evidencia un desinterés por los efectos en la salud laboral y la conciliación de la vida personal y profesional.

El sindicato también ha denunciado que este modelo introducirá recorridos diarios variables determinados por algoritmos, además de normalizar la falta de cobertura ante ausencias, impulsando una política de contratación que ha sido claramente definida como 'cero'. Este enfoque solo contribuye a agravar la carga de trabajo sobre el personal existente, en un contexto donde ya se siente una presión insostenible en el empleo.

Desde CCOO hacen hincapié en que lo que está en juego no es una modernización genuina del sistema, sino más bien una búsqueda de reducción de costos que implica el despido de trabajadores y la precarización del servicio público. Además, afirmaron que esta reorganización es sinónimo de cierres y concentraciones de centros, lo que traerá consigo traslados forzosos y alteraciones en los turnos laborales, con un impacto especial en los horarios vespertinos.

El panorama que se dibuja con este nuevo modelo es alarmante, según el sindicato. Se anticipan sobrecargas laborales que afectarían gravemente la salud de los empleados, llevando al incremento de estrés y ansiedad, así como a una potencial siniestralidad laboral y mayores índices de absentismo. CCOO ha dejado claro que las repercusiones se extenderán más allá de los trabajadores, afectando la calidad del servicio postal que reciben ciudadanos, empresas e instituciones.

CCOO reclama, por tanto, una detención inmediata de todas las pruebas piloto y la apertura de un verdadero proceso de negociación a nivel estatal, argumentando que el modelo actual es el que se debería perfeccionar en lugar de desmantelar. En este sentido, han recordado que el Acuerdo Marco firmado en 2024 establece la necesidad de reforzar la plantilla con nuevas contrataciones y de convocar ofertas de empleo público, las cuales han sido bloqueadas por el actual liderazgo nombrado por un partido progresista.

El sindicato también ha hecho un llamado a abordar temas pendientes como el Plan de Incentivos y la disminución de la jornada laboral a 35 horas, compromisos que aún no han sido cumplidos por la empresa. CCOO ha enfatizado que si se continúa por este camino y se intenta imponer cambios sin la debida negociación, no dudarán en emprender acciones judiciales y sindicales para defender los derechos de los trabajadores y preservar la integridad del servicio postal público en este crucial periodo político que se extenderá, al menos, hasta junio de 2027.