En un desarrollo reciente de la investigación sobre el caso de corrupción que ha sacudido al PSOE, Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido, ha sido obligado a designar un juzgado de instrucción en Tafalla, Navarra, como el lugar donde debe firmar cada 15 días. Este paso se da tras la negativa del Tribunal Supremo a permitir que cumpla esta medida en el juzgado de paz de su localidad natal, Milagro.

El Tribunal Supremo ha indicado que el juzgado de paz no cumple con la condición de ser un tribunal de instancia, tal como lo estipuló el juez del caso 'Koldo', Leopoldo Puente, al ordenar la salida de Cerdán de prisión. Esta decisión refleja la formalidad y la rigidez del sistema judicial en estos casos, y se ha comunicado oficialmente a Cerdán, quien había solicitado la posibilidad de firmar en su pueblo.

El pasado 19 de noviembre, Puente decidió poner en libertad a Cerdán después de que el ex líder del PSOE pasara más de cuatro meses en prisión provisional. Su detención se debió a su supuesto papel central en una trama de adjudicación de obras públicas a cambio de sobornos, un escándalo que está siendo investigado por el propio Tribunal Supremo.

A pesar de su liberación, Cerdán enfrenta serias limitaciones, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar en el juzgado. Estas medidas se impusieron en respuesta a las fuertes evidencias que existen en su contra. Desde el 30 de junio, Cerdán había estado recluido en la prisión de Soto del Real, enfrentando cargos que incluyen pertenencia a una organización criminal y tráfico de influencias.

Los esfuerzos de sus defensores, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, para lograr su libertad fueron en vano en varias ocasiones, aunque el juez había previsto que su situación sería reevaluada antes de que se cumpliera el plazo de seis meses de prisión provisional, que finaliza a finales de diciembre. Sin embargo, el magistrado dejó claro que era necesario asegurar que las pruebas no fueran comprometidas antes de permitir su liberación.

La decisión de liberar a Cerdán se tomó tras recibir un informe crucial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre los vínculos financieros entre Acciona y Servinabar, empresa de la que Cerdán posee el 45%. Se ha revelado que Servinabar se beneficiaba del 2% de las ganancias de Acciona por obras públicas, y que tanto Cerdán como su familia habrían disfrutado de los fondos obtenidos a través del pago de salarios, alquileres de propiedades en Madrid y gastos personales a través de una tarjeta de crédito.