PAMPLONA, 12 de febrero. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha comunicado en el pleno del Parlamento foral que, tras la culminación de la actual concesión de la autopista AP-15 en junio de 2029, esta pasará a ser de uso gratuito para los vehículos de turismo, bajo gestión pública.

La declaración de Chivite surge en respuesta a una interpelación del grupo Geroa Bai, donde enfatizó que "esta decisión se ha tomado en el marco de la mesa de carreteras, a la que se invitó a participar a todas las formaciones políticas, aunque algunas optaron por retirarse".

La presidenta destacó que esta medida se encuentra alineada con el establecimiento de Nafarbide, una nueva empresa pública destinada a la gestión de infraestructuras de transporte. "El compromiso es sólido y es un avance significativo para la cohesión territorial, beneficiando en particular a las comunidades de la zona media y la Ribera de Navarra", subrayó.

Asimismo, Chivite anunció la implementación de iniciativas para apoyar al sector del transporte en Navarra. "Estamos comprometidos con las empresas de transporte y mantendremos un diálogo constante con las asociaciones ANET y Tradisna para estudiar las propuestas que nos han presentado y evaluar todas las opciones disponibles", agregó.

Además, Chivite no dudó en criticar a PP y UPN por haber prorrogado la concesión de la AP-15 hasta 2029, argumentando que durante su gestión tuvieron la oportunidad de hacerla gratuita hace más de una década. "Esta decisión, junto a las cargas económicas de los cánones anuales por las autovías, representa una de las herencias más negativas de los gobiernos de la derecha", afirmó con desánimo.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, hizo hincapié en la necesidad de implementar medidas adecuadas para el transporte navarro antes de la entrada en vigor de los peajes en las vías de alta capacidad. "Sería provechoso comenzar a trabajar en estas medidas de acompañamiento con antelación", sugirió.

Azcona también expresó su preocupación respecto al papel de Nafarbide, advirtiendo que "no debe convertirse en un mecanismo que reduzca el control sobre la gestión pública". Aseguró que es necesario un esfuerzo considerable en este aspecto, especialmente en un clima de debate activo sobre las adjudicaciones públicas.