PAMPLONA, 1 de octubre.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha comparecido ante el Parlamento regional para reafirmar que su administración es la más transparente en la historia de la Comunidad Foral. Esta afirmación llega tras la publicación de informes que examinan diversas adjudicaciones de obras públicas, lo que ha provocado una contundente reacción de la oposición, particularmente de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha cuestionado la integridad de su gestión y demandado su dimisión.

En la sesión, convocada por UPN, Chivite estuvo acompañada de varios consejeros y altos funcionarios, y aprovechó la oportunidad para enviar alegaciones a la Oficina Anticorrupción y al mismo Parlamento, buscando aclarar el enfoque administrativo sobre las irregularidades que se han señalado, argumentando la falta de un procedimiento formal para presentar esas alegaciones en los informes de la Oficina.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, no tardó en interpelar a Chivite, sugiriendo que su interés real radica en liberar a Santos Cerdán, implicado en un escándalo de supuestas irregularidades en la adjudicación de un proyecto. Esparza acusó a Chivite de haber actuado como una protectora de Cerdán desde sus inicios en la política, enfatizando que su gestión ha estado marcada por decisiones cuestionables y falta de transparencia.

Esparza también advirtió sobre la seriedad de los informes emitidos por Anticorrupción, que, según él, anulan por completo la validez de la adjudicación de las obras de Belate. Destacó que los repetidos intentos de la presidenta de desvirtuar las acusaciones sólo han generado más contradicciones, lo que pone en duda la solidez de su defensa.

Chivite respondió a estas acusaciones subrayando que el apoyo a Cerdán no está relacionado con las adjudicaciones en cuestión, tildando las afirmaciones de Esparza de “una gran mentira” y recordando que el juez había aclarado que las obras no estaban bajo investigación en el Supremo. La presidenta enfatizó que intenta desviar la atención de los verdaderos problemas en la gestión pública.

En su intervención, Chivite también reveló que al conocer el informe de la Guardia Civil, tomó acciones inmediatas para auditar las adjudicaciones involucradas, buscando una mayor claridad y rigor en los procesos de contratación. Detalló que había solicitado informes adicionales de organismos como la Cámara de Comptos y la Oficina de Buenas Prácticas para asegurar que las adjudicaciones estuviesen bajo un análisis meticuloso.

La presidenta destacó que los análisis realizados se centran en los procedimientos administrativos y negaron que hubiera indicios de delitos hasta el momento. Según su explicación, la Oficina Anticorrupción no les ofreció la oportunidad de presentar alegaciones formales, por lo que consideraron necesario remitir las consideraciones jurídicas generadas a la Oficina y al Parlamento.

Con respecto a la legislación, Chivite insistió en que su Gobierno tiene la intención de proponer modificaciones a la Ley Foral de Contratos durante la discusión de los presupuestos, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión pública, a pesar de las críticas de la oposición. “No solo somos el Gobierno más transparente, somos un Gobierno honesto”, concluyó Chivite.

(Se espera información actualizada).