El 25 de septiembre en Pamplona, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, expresó su preocupación acerca de la falta de comunicación entre la Cámara de Comptos y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) con la Fiscalía, refiriendo que no hay constancia de que se hayan enviado los informes sobre la adjudicación de obras públicas. Chivite enfatizó que este hecho merece ser considerado en el contexto de la transparencia administrativa.

En respuesta a una pregunta del Partido Popular de Navarra (PPN) durante una sesión plenaria, la presidenta criticó al portavoz del partido opositor, señalando que su falta de transparencia en cuestiones personales lo descalifica para ofrecer críticas sobre credibilidad. Chivite defendió que el Gobierno había solicitado auditorías precisamente para incrementar la transparencia en el proceso de adjudicación.

La mandataria aseguró que, si los informes deben llevarse ante la Justicia, el Gobierno actuará conforme a lo estipulado. Sin embargo, insistió en que hasta el momento no se ha recibido comunicación de la OANA respecto al envío de esos documentos a la Fiscalía. Chivite enfatizó que están analizando internamente los informes con el fin de presentar alegaciones y contrastar los criterios con los que trabaja la OANA, que parecen divergir de los recogidos en otros informes y evaluaciones legales realizadas por el Ejecutivo.

En su intervención, Chivite subrayó que están tomando medidas en base a las recomendaciones de las auditorías previas para optimizar los procedimientos de contratación y minimizar cualquier arbitrariedad. Resaltó que el Gobierno implementará modificaciones normativas que fortalecerán la regulación de contratos en el marco de los Presupuestos.

La presidenta también se refirió al contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), indicando que este no menciona irregularidades en licitaciones de su administración y que los informes de la OANA no utilizan la palabra "delito". Chivite reiteró su sorpresa por la falta de comunicación hacia la Fiscalía, haciendo hincapié en que esto es un punto que vale la pena considerar en la discusión pública actual.

Por el contrario, el portavoz del PPN, Javier García, calificó los informes de la OANA como "demoledores", alegando que éstos exponen irregularidades graves y procedimientos que deberían considerarse nulos. García confrontó a Chivite, afirmando que sus declaraciones sobre la no existencia de irregularidades son contradictorias con los hallazgos de los informes, que abordan problemas que trascienden lo meramente administrativo, poniendo en duda la legalidad de las adjudicaciones.

García hizo hincapié en que los informes no pueden ser interpretados de modo que favorezca al Gobierno y urgió a la presidenta a cumplir su promesa de llevar cualquier indicio de ilicitud a la Fiscalía. Advirtió que, en caso de que el Gobierno no lo hiciera, el PPN actuaría y pondría a disposición de la Fiscalía los informes necesarios.