En 2023 se ejecutaron en Navarra un total de 218 medidas judiciales a menores, de las cuales 204 fueron en régimen abierto y 14 con internamiento.

PAMPLONA, 13 May.

El Gobierno foral ha formalizado un contrato con la Universidad Pública de Navarra a través de la Agencia Navarra de Autonomía y el Desarrollo de las Personas para investigar la evolución de las medidas judiciales impuestas a menores que han cometido delitos desde el año 2000.

La directora gerente de la ANADP, Inés Francés, ha firmado el contrato con la profesora e investigadora Sandra Siria, del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la universidad.

Esta colaboración tiene como objetivo analizar la evolución del sistema de justicia juvenil desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

La investigación se realizará a través de la identificación de documentación y normativa, la recopilación de datos cuantitativos y la realización de entrevistas en profundidad con informantes clave.

El contrato busca analizar la evolución de las medidas judiciales impuestas por el Juzgado de Menores en Navarra, incluyendo las de internamiento y las de régimen abierto.

Este proyecto se enmarca dentro del II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Navarra, que incluye un área específica dedicada a la justicia juvenil.

Al finalizar la investigación, se elaborará un informe de resultados que servirá como punto de partida para revisar y reflexionar sobre el modelo de justicia juvenil en Navarra.

El proyecto se llevará a cabo en 2024 y 2025, utilizando datos provenientes de diversas fuentes como las memorias anuales de entidades que gestionan recursos de justicia juvenil y las bases de datos del Gobierno de Navarra.

Según datos de la subdirección de Familia y Menores del Gobierno de Navarra, el año pasado se ejecutaron un total de 218 medidas judiciales a menores, de las cuales 204 fueron en régimen abierto y 14 con internamiento.

En cuanto a las medidas en régimen abierto, la mayoría correspondieron a prestaciones en beneficio de la comunidad, seguidas por la libertad vigilada y las tareas socioeducativas.

En cuanto a las medidas de internamiento, once fueron en régimen semiabierto, dos en régimen cerrado y una en régimen de fin de semana.