PAMPLONA, 12 de diciembre de 2024.

Un grupo de agricultores vinculados a los disturbios ocurridos frente al Parlamento de Navarra el 7 de marzo de 2024 ha sido sentenciado a penas que van desde los 4 hasta los 8 meses de prisión, así como a multas que ascienden a 2 meses y 20 días, en virtud de los delitos de desórdenes públicos, desobediencia grave, atentado contra agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones.

Para aquellos que participaron en los incidentes pero sin adoptar actitudes agresivas hacia las fuerzas del orden, la condena fue de 4 meses de prisión y una multa de 2 meses, en base también a desórdenes públicos y desobediencia grave a los agentes. En total, son 19 los agricultores que han sido condenados en este proceso judicial.

Desde los despachos de abogados que defienden a los agricultores, Chaverri-Loitegui y González-Sainz, se ha comunicado que la vista de conformidad se llevó a cabo este jueves en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, donde se logró un arreglo considerado "satisfactorio" con la Fiscalía, resultando en la suspensión de la pena de prisión, lo que significa que ninguno de los condenados deberá cumplir tiempo tras las rejas.

El 9 de marzo de 2024, el mismo juzgado inició diligencias previas tras recibir un informe de la Policía Foral acerca de los disturbios en los alrededores del Parlamento. Este informe había conducido a la detención de 19 individuos, quienes posteriormente fueron liberados por el Juzgado de Guardia. Se investigaron siete infracciones distintas, abarcando desde delitos contra las instituciones hasta lesiones e injurias.

Durante el proceso, los abogados mencionaron que la Fiscalía mostró desde el inicio su disposición a llegar a un consenso, a pesar de las comparaciones severas hechas por figuras políticas, como el presidente del Parlamento de Navarra, quien identificó los eventos con el asalto al Capitolio de EE.UU. Asimismo, la presidenta del Gobierno de Navarra describió los hechos como un "intento de asalto al Parlamento".

A pesar de estas declaraciones, los letrados han aseverado que, al final, los hechos se han considerado desórdenes públicos, evitando así el encuadre de los mismos como un ataque a las instituciones del Estado. Este enfoque ha sido crucial, ya que implicar un delito de tal gravedad podría haber llevado a agravantes significativos en las condenas.

Los abogados han resaltado que, en ningún momento, sus defendidos estaban siendo investigados por un delito contra las instituciones del Estado, un tipo penal que podría acarrear penas de hasta 5 años, y que pertenecía a la competencia de la Audiencia Nacional. La defensa buscaba activamente desactivar esos cargos para proteger a sus representados de medidas más drásticas.

Tras el cumplimiento de este objetivo, la negociación con la Fiscalía llevó a un acuerdo en noviembre. Los letrados expresaron su gratitud a la Fiscalía por facilitar la resolución del caso de forma positiva para todas las partes implicadas.

La audiencia de conformidad se llevó a cabo luego de que los acusados aceptaran los hechos. En este pacto, se delinearon claramente dos categorías de participantes: aquellos que no realizaron agresiones hacia la policía y aquellos que sí lo hicieron.

Desde el despacho de abogados se ha manifestado satisfacción con el desenlace, ya que el caso se ha tramitado en Pamplona, evitando así que se contabilizara como un problema de mayor envergadura en la Audiencia Nacional, donde la implicación habría sido mucho más severa.

Además, se redujeron los delitos iniciales de 7 a 4, permitiendo que las sanciones fueran mínimas. Se aplicaron atenuantes, como la reparación del daño y una disminución de un tercio en la pena gracias a la clasificación del caso como diligencias urgentes.

Los representantes legales también subrayaron que se han causado los mínimos perjuicios posibles a sus clientes, quienes no han tenido que declarar ante el Juzgado, limitándose a aceptar las condiciones en el Juzgado de Instrucción, sin enfrentarse a un juicio penal propiamente dicho.

Finalmente, destacaron que desde el inicio del proceso, una vez se conocieron las lesiones sufridas por los agentes de Policía Foral, iniciaron inmediatamente las gestiones para indemnizar a los agentes, así como a un fotógrafo cuyo material resultó dañado durante los incidentes, cumpliendo con todas las reparaciones necesarias.