En un reciente testimonio en el Parlamento de Navarra, el director general de Intervención, Juan José Pérez Capapay, destacó su posición sobre la controversia en torno a la licitación del túnel de Belate. Según sus declaraciones, si hubieran surgido rumores de favoritismo hacia un adjudicatario específico, como la UTE de Acciona y Servinabar, hubiera detenido el proceso inmediatamente. Pérez Capapay enfatizó que, con base en su experiencia en mesas de contratación, no podría consentir la continuidad de una licitación en un clima de sospechas.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del parlamento, Pérez Capapay hizo hincapié en la necesidad de evaluar a fondo el expediente de la licitación antes de emitir cualquier tipo de reparo, aunque admitió que le hubiera costado trabajo participar en una mesa donde ya existían dudas sobre la adjudicación. Si bien expresó su respeto por el interventor delegado y sus decisiones, enfatizó que la autonomía en el control interno es fundamental.

El director general también rechazó haber recibido cualquier tipo de presión por parte del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, o algún otro político. En este contexto, recordó que la Dirección General de Intervención había emitido un informe en respuesta a las preocupaciones planteadas por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que señalaba irregularidades en el proceso de adjudicación. No obstante, dicho informe argumentaba que la adjudicación no debería ser considerada nula de pleno derecho, causando tensión en el cruce de palabras con representantes de UPN, a quienes les dejó claro que no estaba dispuesto a ser acusado de "blanquear" la situación.

El control interno, según Pérez Capapay, debe operar en condiciones de autonomía e independencia, y su invitación al interventor delegado para mantener la calma se debe a la propuesta de un nuevo sistema de licitación que respetara estos principios. Sin embargo, el interventor manifestó su desconfianza en la mesa actual, afirmando que la falta de "buena fe, confianza y lealtad institucional" haría imposible un proceso transparente.

Otro punto de debate fue cómo se llevaron a cabo las votaciones en la mesa de contratación, que generaron preocupaciones sobre la imparcialidad. Pérez Capapay defendió el hecho de que los miembros de la mesa eran adultos trabajando con principios de objetividad, y no encontró justificación para acusar que la decisión final de la mesa no fue libre. Lo que realmente le preocupaba, mencionó, era el pliego de la licitación, considerado crucial para el resultado de la adjudicación.

Lejos de calmar las tensiones, UPN cuestionó a Pérez Capapay sobre correos intercambiados con el interventor delegado en relación con la adjudicación, buscando aclarar si el consejero Arasti estaba al tanto de la situación. Pérez Capapay relató que, a finales de noviembre, se comunicó sobre un informe de reparo no suspensivo que afectaba la adjudicación. Sin embargo, negó que Arasti hubiese mencionado que el director de Obras Públicas no tenía intención de firmar, lo que generó sorpresa en la oposición.

El director general recordó una vez más que la presión en la adjudicación de un contrato de esta magnitud puede ser abrumadora, especialmente en el contexto de un informe de reparo no suspensivo. También abordó el tema del sobrecoste en las obras, señalado en su informe como motivo de un reparo suspensivo, argumentando que las revisiones de precios no estaban justificadas en este caso y que, tras dicho reparo, quedaba en manos de Obras Públicas decidir el rumbo a seguir.

Por último, Pérez Capapay expresó su desasosiego al enterarse de las investigaciones que apuntan hacia una posible trama de corrupción involucrando a las empresas contratistas, Acciona y Servinabar. Sin embargo, se deslindó de cualquier negociación en la que estuviera implicado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, subrayando que no había pruebas concretas que lo vincularan con la UTE. En caso de confirmarse una relación, reconoció que eso podría representar un conflicto de intereses que habría que evaluar cuidadosamente.