El 23 de febrero, en Pamplona, surgieron inquietudes en el Ayuntamiento sobre la legitimidad de un contrato firmado con Ride On Pamplona para la entrega de 40 nuevas estaciones y 400 bicicletas eléctricas, parte del sistema de alquiler de bicicletas de la ciudad. Las autoridades municipales están considerando abrir un procedimiento que podría anular dicho acuerdo debido a posibles irregularidades en la propiedad y calidad de estos suministros.

Según los informes técnicos y jurídicos analizados, el Consistorio ha señalado que podría haber habido múltiples incumplimientos por parte de Ride On Pamplona. Por ello, el Ayuntamiento exigió a la empresa que, en un plazo de cinco días hábiles, demuestre que efectivamente posee los elementos acordados en el contrato y aclare su procedencia.

La empresa deberá justificar, a través de documentos válidos, la adquisición de las bicicletas y estaciones, sin que esto suponga un incremento de su deuda antes de abril de 2025, fecha en que se establecieron pautas para la resolución del contrato de forma amistosa.

Si Ride On no logra validar su titularidad sobre los bienes, el Ayuntamiento se verá forzado a considerar la nulidad del contrato. Por otro lado, si logra presentar dicha justificación, se le solicitarán alegaciones sobre un informe que estima el valor de los elementos en 310.157 euros, un 44% de lo inicialmente pactado en el contrato de suministro, que ascendía a 700.000 euros.

El Consistorio ya ha recibido una parte de los productos contratados, aunque advirtió que no cumplen con la cantidad y calidad estipuladas en el acuerdo original. Además, se informa a Ride On de que tiene la opción de solicitar la finalización consensuada del contrato, lo que aperturaría un proceso de liquidación sobre los efectos de dicha resolución.

Esta compra de bicicletas y estaciones había sido justificada el 16 de abril, cuando el Ayuntamiento aceptó la propuesta de Ride On para disolver el contrato anterior amigablemente. El 12 de septiembre, se formalizó el acuerdo para la adquisición de nuevo material, que fue posteriormente adjudicado a Ride On Pamplona sin un proceso de licitación convencional.

La intención del Ayuntamiento al realizar esta compra era proporcionar estabilidad financiera a la empresa con el fin de que pudiera mantener sus operaciones hasta que se formalizara un nuevo contrato para el servicio de bicicletas eléctricas.

Entre el 12 y el 15 de enero, se realizó la entrega de las bicicletas y estaciones, pero el Ayuntamiento tuvo que asumir los costos de transporte, que ascendieron a 5.827,97 euros, contraviniendo condiciones establecidas en el contrato. Hasta el 16 de enero, Ride On no proporcionó un informe que detallara la cantidad exacta de elementos incluidos en cada envío.

Previo al 50% de pago acordado por el stock, el Servicio de Movilidad emitió un informe de verificación que, a falta de un análisis externo sobre las baterías, concluyó que solo el 44% del material estaba conforme. Esta segunda verificación no se ha llevado a cabo debido a las deficiencias observadas.

La situación actual genera dudas sobre la propiedad de las estaciones y bicicletas, ya que podría intuirse que esos bienes fueron adquiridos a una empresa ajena, que es además accionista única de Ride On, sugiriendo una posible falta de transparencia en la gestión.

Ride On enfrenta una deuda de 1,2 millones de euros, que incluye una factura de 423.500 euros relacionada con la compra de este stock. En una reciente rueda de prensa, el concejal de Gobierno Estratégico y Urbanismo, Joxe Abaurrea, se mostró optimista y destacó que no se dará por perdido el servicio.

Abaurrea comunicó que su intención es mantener el servicio durante la transición a un nuevo modelo, aunque la empresa parece estar considerando un cierre, lo que podría llevar a un posible concurso de acreedores. Asimismo, está en marcha la acumulación de documentación necesaria para que, si fuera necesario, instar el concurso desde el Ayuntamiento.

El concejal expresó su confianza en que el servicio pueda ser restablecido antes del verano, aunque la decisión final recaerá en un tribunal. Reiteró que el plan es avanzar con el servicio y no dejar que decaiga durante 2026.

El concejal también fue consultado sobre la oposición del PSN al nuevo protocolo con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, criticando que se inicie un nuevo proceso de licitación que no incorpore a la Comarca en un futuro cercano. Sin embargo, Abaurrea aclaró que la comarcalización del servicio es viable y que se trabajará en ello junto con los ayuntamientos de la comarca.

Finalmente, enfatizó la importancia de diferenciar entre ser titular del servicio y la posibilidad de comarcalizar. Aseguró que es factible desarrollar este plan de manera simultánea a la implementación del nuevo servicio, aunque existen gestiones administrativas que aún deben resolverse antes de que se pueda formalizar la transferencia del contrato a la Mancomunidad en un plazo de dos años.