El encargado del bar Franky asegura ignorar cualquier conexión con una red política revelada por la UCO.
PAMPLONA, 24 de febrero. En una sesión reciente de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, Francisco Javier Lorente, propietario del bar Franky, reafirmó este martes que no ha estado involucrado en ninguna trama política o actividad irregular. Esta declaración surge en el contexto de una investigación en curso por parte de la UCO de la Guardia Civil, que ha señalado al establecimiento de Lorente como un posible intermediario en la falsificación de facturas, utilizadas para el pago de comisiones indebidas en el marco del 'caso Cerdán'.
Durante su exposición, Lorente enfatizó que su trabajo en el bar, que dirige junto a su esposa, ha sido únicamente empresarial. "No he ocupado cargos públicos ni he llevado a cabo funciones políticas", argumentó, asegurando que no ha recibido dinero que beneficie su patrimonio personal.
El propietario del bar hizo referencia al proceso judicial que actualmente investiga los hechos que se están abordando en la comisión. "Por respeto a la investigación en curso, no puedo comentar sobre estos asuntos específicos", manifestó, destacando su intención de responder solo a preguntas que no interfieran en el desarrollo judicial.
Lorente recordó que él y su esposa gestionaron el bar Franky, ubicado frente al Palacio de Justicia de Pamplona, durante cuatro años, hasta su cierre en diciembre de 2019.
En el turno de preguntas, el parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, hizo hincapié en que el informe de la UCO menciona al bar Franky como un posible vehículo para el lavado de dinero relacionado con adjudicaciones de obras públicas y sobornos. Ante esto, Lorente reiteró su decisión de no abordar el tema, apuntando nuevamente a la investigación judicial como motivo de su silencio.
El parlamentario regionalista subrayó que, dado que Lorente no es parte de la causa judicial, debería estar dispuesto a responder las preguntas planteadas. La abogada de la comisión intervino para aclarar que si el compareciente tiene conocimiento sobre las cuestiones preguntadas, está obligado a decir la verdad y a responder a lo que se le formule durante la sesión.
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