PAMPLONA, 28 de noviembre.

En una sesión marcada por el debate y la confrontación política, el pleno del Parlamento de Navarra ha votado este jueves en contra de las enmiendas a la totalidad que habían sido presentadas por UPN, PPN y Vox al proyecto de ley de medidas tributarias para el año 2025. Este rechazo permite que el proyecto, impulsado por el Gobierno foral, continúe su trámite en la Cámara en camino hacia su aprobación definitiva. Los grupos políticos PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, como se esperaba, han mantenido una posición unificada en contra de estas enmiendas.

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, defendió durante el pleno el trabajo realizado por el Ejecutivo, asegurando que el proyecto refleja un enfoque basado en el diálogo y el consenso. “Estamos comprometidos a seguir uniendo fuerzas, analizando la realidad y proponiendo iniciativas que realmente beneficien a la ciudadanía y al tejido productivo de Navarra”, afirmó. Arasti enfatizó que este plan fiscal busca mejorar la situación económica del territorio, apoyado por la confianza que los ciudadanos han depositado en un Gobierno que promueve políticas fiscales progresistas.

Entre las propuestas presentadas en el proyecto de ley, destaca la solución para los mutualistas, que supone un coste de 150 millones de euros. También se incluyen medidas dirigidas a sectores clave de la economía, como la vivienda, el sector primario, las pensiones y la inversión empresarial.

En el ámbito de la vivienda, se contempla la permanencia de una reducción fiscal del 70% en los ingresos generados por el alquiler de propiedades incluidas en la bolsa pública gestionada por Nasuvinsa. Además, ante la inminente declaración de zonas de mercado residencial tensionado, esta reducción aumentará en 20 puntos porcentuales, alcanzando hasta un 90% si la propiedad arrendada está situada en estas áreas críticas.

Para las viviendas que no estén en la bolsa pública, la ley propone una reducción del 50% en el rendimiento neto positivo de los alquileres en zonas de mercado tensionado, buscando así aliviar la presión que enfrentan los inquilinos y propietarios en estas áreas.

Por otro lado, en el sector primario, se establece una exención total en el IRPF para los agricultores principales que perciban ayudas del FEAGA, que anteriormente contaban con una exención del 50%, manteniéndose un límite de 20.000 euros de exención en conjunto con las ayudas del FEADER.

En un intento de fomentar la reinversión empresarial, el proyecto recupera la exención total de las ganancias derivadas de la venta de activos relacionados con la actividad económica, siempre y cuando el monto obtenido se reinvierta en activos similares.

Además, tras el acuerdo presupuestario alcanzado con EH Bildu, se ha decidido incrementar las deducciones fiscales que complementan las pensiones de viudedad y jubilación, elevándolas hasta los 14.490 euros anuales. Esto significa que los beneficiarios de estas pensiones verán un incremento en sus pagos mensuales, pasando de 898,6 euros a 1.035 euros en cada una de sus 14 pagas anuales.

Desde la oposición, el portavoz de UPN, Javier Esparza, criticó con dureza las políticas fiscales del Gobierno, argumentando que son el resultado de un pacto que busca beneficiar a EH Bildu a expensas de una fiscalidad justa y equilibrada. Según Esparza, Navarra se enfrenta a un esquema fiscal que es “incoherente, ineficaz y perjudicial” para sus ciudadanos, reclamando urgentes medidas de alivio fiscal para contrarrestar lo que considera una carga excesiva de impuestos.

Por su parte, la parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu, descalificó las críticas de UPN, PPN y Vox, describiéndolas como un discurso apocalíptico y repetitivo. “Nos gustaría que nos señalaran dónde está el infierno fiscal que alegan que existe en esta ley”, instó Unzu, pidiendo argumentos sólidos más allá del rechazo a las iniciativas del Gobierno de María Chivite.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz subrayó que las enmiendas presentadas carecen de fundamento y repiten una narrativa catastrofista que ignora la necesidad de un sistema tributario justo para mantener el bienestar social. Araiz argumentó que en lugar de hablar de “alivio fiscal”, se debería hablar de la importancia de unos impuestos que sostengan los servicios públicos y el Estado del Bienestar.

Mikel Asiain, portavoz de Geroa Bai, defendió el proyecto como un reflejo de las demandas más urgentes de la sociedad navarra en materia fiscal, aunque reconoció que no abarca todas las necesidades individuales. "Este proceso de acuerdos implica ceder en ciertos aspectos para lograr un bienestar colectivo", expresó Asiain.

Irene Royo, del PPN, advirtió que el modelo fiscal actual es ineficaz y anticompetitivo, señalando que en los últimos años no ha habido grandes empresas que se establecieran en Navarra, lo que contrasta con comunidades vecinas como Aragón o La Rioja, que presentan un saldo positivo. Royo reclamó una revisión profunda que responda a la situación actual.

Finalmente, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin, subrayó que las enmiendas presentadas por la oposición no abordan la cuestión de la justicia fiscal, sino que se enfocan exclusivamente en la capacidad financiera. Afirmó que la visión de UPN, PPN y Vox refleja una ideología que fomenta la individualidad, olvidando la responsabilidad colectiva que implica la cuestión tributaria.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, concluyó que el proyecto presentado por el Gobierno foral no aborda adecuadamente las necesidades de la comunidad y podría perpetuar problemas estructurales existentes en la economía navarra. Nosti exigió un enfoque que impulse el crecimiento económico y la competitividad, pero criticó que esta propuesta no logre estos objetivos.