PAMPLONA, 1 de diciembre.

En una jornada marcada por la tensión política, los socios del Partido Socialista de Navarra (PSN) en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, han exigido nuevamente "responsabilidades políticas" tras el reparo suspensivo emitido por la Intervención General sobre las modificaciones en las obras de Belate, que conllevan un sobrecoste de 8,5 millones de euros. Esta exigencia se llevará a la comisión de seguimiento del acuerdo programático que tendrá lugar esta tarde. EH Bildu, que también forma parte del Gobierno en materia presupuestaria, ha calificado de "graves" las conclusiones del informe, en contraposición al posición del PSN, quien defiende que la actuación del Ejecutivo fue "rigorosa".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado con contundencia la actitud del PSN, acusándolo de "echar balones fuera" en un asunto que considera esencial. "Están encerrados en su postura, encubriendo la corrupción que Santos Cerdán instauró en el Gobierno de Navarra", ha afirmado, añadiendo que la modificación no cuenta con una justificación técnica válida, limitándose a beneficiar los intereses de la UTE de Cerdán. Esparza sostiene que "María Chivite es cómplice en el desarrollo de esta corrupción en Navarra, y el tiempo nos dará la razón", enfatizando que el informe del interventor evidencia un posible engaño por parte del consejero Chivite respecto al modificado.

El portavoz ha señalado que Geroa Bai ha reaccionado pidiendo responsabilidades políticas, mientras que el Gobierno parece postergar este tema. "El Partido Socialista se burla de Geroa Bai cada vez que tiene la oportunidad", ha declarado, instando a Geroa Bai a abandonar el Gobierno, ya que cuanto más tiempo permanezcan, mayor será su complicidad, según Esparza. "El Partido Socialista se está burlando hasta de sus propias declaraciones", ha agregado.

Esparza también ha afirmado que "esto no es una cuestión de progresismo o no; se trata de dignidad y de mantener la limpieza en la gestión". Insiste en la necesidad de que haya elecciones anticipadas para que la ciudadanía pueda decidir con claridad sobre un Gobierno que según él está manchado por la corrupción. Además, ha dejado claro que si en la reunión de esta tarde no se toman decisiones firmes, el Gobierno se verá obligado a afrontar la burla que supone su inacción.

Desde el PSN, la socialista Ainhoa Unzu ha defendido la postura del Gobierno, asegurando que este ha actuado de manera garantista y respetuosa con la normativa. "Si bien el procedimiento administrativo puede no haber sido el óptimo, esto no significa que la adaptación de la obra no sea necesaria", ha afirmado. Además, ha subrayado que el reparo suspensivo es simplemente una objeción formal que detiene el expediente hasta que se resuelva la discrepancia, enfatizando que su departamento está trabajando en las soluciones necesarias.

Unzu también ha criticado la actitud de UPN, argumentando que parecen estar más preocupados en ocultar su propia ineficacia en la adaptación de las obras a la normativa europea que en buscar soluciones efectivas. En cuanto a las exigencias de responsabilidades políticas, ha defendido que el Gobierno está asumiendo su responsabilidad al trabajar para solucionar la situación y que están comprometidos con la lealtad hacia sus socios.

Laura Aznal, portavoz de EH Bildu, ha calificado de "graves" las conclusiones del informe de la Intervención, reiterando su apoyo a la continuidad de las obras debido a su importancia general. "El discurso del Gobierno justifica el sobrecoste, pero creemos que no se debe pagar un euro más de lo indicado por la Intervención", ha afirmado, defendiendo la necesidad de una gestión pública transparente y justa. Aznal ha instado a la presidenta Chivite a tomar medidas con respecto a la situación, dada la falta de defensa del interés público por parte de los responsables de las obras.

Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, ha expresado su profunda preocupación por la gravedad del reparo suspensivo y ha considerado que es vital que se acepten las conclusiones del informe de la Intervención. Ha abundado en la discrepancia entre las explicaciones proporcionadas desde el Gobierno y las conclusiones del informe, y ha advertido que su grupo actuará con firmeza y precaución ante esta situación.

Azcona también ha señalado que las elecciones anticipadas dependen exclusivamente de la presidenta, y ha dejado claro que su partido no apoyará ataques al Gobierno progresista por parte de UPN y PPN con miras a alcanzar el poder. Está decidido a pedir aclaraciones en la comisión de seguimiento y espera que se tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones similares.

Irene Royo, parlamentaria del PPN, ha calificado la información sobre Belate como "muy grave", criticando al Gobierno por su inacción y su falta de asunción de responsabilidades. Ha exigido que se actúe con principios democráticos, considerando que los socios del Gobierno han empezado a exigir lo que deberían haber hecho desde un principio, y avanza que si no se toman decisiones contundentes, sería "inaceptable" continuar con la situación actual.

Carlos Guzmán, portavoz de Contigo-Zurekin, ha manifestado que es crucial exigir responsabilidades políticas al Gobierno de Navarra, dado que "el sobrecoste no está debidamente justificado". Según él, el informe contrasta con la información previamente proporcionada por el Gobierno, lo que ha generado desconfianza. Guzmán está convencido de que son necesarias y urgentes las responsabilidades políticas, y enfatiza que el Gobierno tiene la obligación de ser un ejemplo de transparencia y eficiencia ante los ciudadanos.

Por último, Emilio Jiménez, portavoz de Vox, ha señalado que las sospechas de corrupción parecen estar corroborándose, subrayando que "la imagen de Navarra está dañada por este Gobierno sin que nadie dimita". Desde su perspectiva, el Gobierno está sostenido por partidos que tienen una gran responsabilidad en esta situación de corrupción.