La reciente sesión del Parlamento de Navarra ha dado lugar a una proclamación significativa en la lucha contra la corrupción. Este jueves, con el respaldo de diversas formaciones políticas como UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, se ha aprobado una moción que exige al Gobierno foral modificar la normativa para extender la prohibición de acceder a incentivos fiscales a aquellos individuos o entidades que hayan sido condenados por corrupción, tal como establece el Código Penal. La única voz en contra fue la del Grupo Mixto (Vox), mientras que una parlamentaria no adscrita se abstuvo.

Esta iniciativa, impulsada por el grupo Contigo-Zurekin, subraya que el actual marco legal contempla penas severas para quienes intenten corromper a funcionarios públicos, incluyendo la pérdida de beneficios fiscales. No obstante, el texto pone de relieve que la ley del Impuesto sobre Sociedades presenta vacíos en esta prohibición, limitándose a mencionar que aquellas personas condenadas por ciertos delitos no podrán beneficiarse de incentivos fiscales.

Con la intención de subsanar este desfase, la moción solicita que las reglas establecidas en el Código Penal sean aplicadas al ámbito fiscal, de manera que cualquier implicado en actividades corruptas no pueda disfrutar de ventajas fiscales contempladas en el Impuesto sobre Sociedades. Esta propuesta se enmarca en un esfuerzo más amplio para erradicar la corrupción, en específico aluden al "caso Cerdán" como contexto que justifica esta acción.

Miguel Garrido, portavoz de Contigo-Zurekin, expresó que es fundamental forjar un entorno donde las consecuencias de la corrupción sean palpables y disuasorias, con el fin de prevenir que personas se atrevan a socavar la integridad del sistema. La moción fue presentada con la esperanza de establecer un marco que haga reflexionar sobre las implicaciones de corromper el proceso administrativo.

Por su parte, Javier Esparza de UPN, lanzó críticas a la credibilidad del discurso de otros grupos al recordar que la práctica política debe ir acompañada de responsabilidades reales. Hizo hincapié en que para mantener la integridad del Gobierno, es vital que se aborden actos de corrupción con seriedad.

Ainhoa Unzu, del PSN, destacó que, a diferencia de otras comunidades donde se han otorgado contratos a empresas vinculadas a la corrupción, Navarra cuenta con una legislación que lo prohíbe, aunque reconoció que es necesario llevar esa prohibición también al Impuesto sobre Sociedades. Se ofreció a colaborar con Contigo-Zurekin para abordar este aspecto en futuras discussions fiscales.

EH Bildu, representada por Laura Aznal, remarcó la necesidad de que quienes se beneficien de fondos públicos no tengan acceso a beneficios fiscales. Además, observó que la repetición de nombres en escándalos de corrupción evidencia un sistema que permite a las empresas eludir consecuencias y sugirió que, aunque la moción es un paso importante, se debe ir más allá en la exigencia de responsabilidades.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, adoptó una postura más analítica, argumentando que la moción, aunque valiosa, no introduce novedades que no estén ya contempladas en la legislación vigente. Sin embargo, se mostró dispuesto a apoyarla por no restar valor a los esfuerzos contra la corrupción.

Irene Royo, desde el PPN, expresó su apoyo a la moción pero planteó objeciones sobre la coherencia temporal de su propuesta, sugiriendo que su partido había propuesto previamente reducir la carga fiscal, situación que podrían haber considerado al presentar esta moción.

Finalmente, desde el Grupo Mixto, Emilio Jiménez de Vox, cuestionó la legitimidad de la moción, considerándola innecesaria y señalando que ya están cubiertos los puntos planteados dentro del marco legal existente. Afirmó que la propuesta parece más una estrategia política que un paso necesario hacia la justicia fiscal.