PAMPLONA, 16 de diciembre. La propuesta de la Presidencia del Parlamento de Navarra ha ganado el apoyo de una amplia mayoría legislativa, con la intención de prohibir la entrada a la Cámara a aquellos agricultores que fueron condenados por los disturbios ocurridos en la entrada del Legislativo el pasado 7 de marzo. Formaciones políticas como PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han alineado en favor de esta medida, en contraposición a la oposición manifestada por UPN, PPN y Vox.

En un encuentro con los medios tras la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, Javier Esparza, portavoz de UPN, alegó que “es falso que hubiera un intento de asalto al Parlamento, según lo dictado por la Justicia”. Afirmó que “hay que respetar las decisiones judiciales” y enfatizó que “aquellos que han sido condenados no lo han sido por intentar asaltar el Parlamento”. Esparza subrayó que “la Justicia ha ajustado las cosas a la realidad” y reiteró su crítica a la presidenta del Gobierno, al considerar que ella “criminalizó a los agricultores navarros” tras los incidentes.

El portavoz de UPN hizo un llamado a poner fin a “los bulos, manipulaciones y mentiras” que rodean el debate, defendiendo la dignidad de los agricultores y señalando que “la Justicia ha dejado en entredicho las afirmaciones de la señora Chivite”. Se mostró contundente al exigir una disculpa por parte de la presidenta hacia el colectivo agrícola, destacando que “los agricultores asumirán las responsabilidades que les correspondan, pero no aceptarán las exigencias del PSN” en esta cuestión.

Esparza cuestionó la lógica detrás de la propuesta, argumentando que “no tiene sentido que una persona que ha sido condenada por pertenencia a banda armada, como Otegi, pueda ingresar al Parlamento mientras que los agricultores que participaron en los incidentes no puedan hacerlo”. Criticó lo que él considera dobles raseros, apuntando al hecho de que, en comparación, figuras vinculadas a grupos terroristas frecuenten la Cámara sin restricciones.

Desde el PSN, Ramón Alzórriz expresó que “el intento de asalto al Parlamento es un asunto de suma gravedad, que debe ser tratado con rigor”. Exigió a UPN que actúe en consecuencia con respecto a los miembros de su partido que han sido condenados en relación a los incidentes, demandando que no ocupen más cargos en ninguna institución.

Alzórriz se alineó con la propuesta de prohibir la entrada de los agricultores condenados durante esta legislatura, mencionando que un informe jurídico será presentado a los grupos y que se tomará una decisión en la próxima Mesa y Junta de Portavoces. Expresó la necesidad de haber actuado como acusación debido a la seriedad de los hechos.

Por su parte, el representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, argumentó que la decisión de impedir el acceso a los condenados busca evitar que “personas que generan incidentes” accedan al Parlamento. Recordó que esta no es una situación inédita, ya que en el pasado se han impuesto sanciones a individuos que provocaron disturbios, y resaltó la importancia de ser consistentes en la aplicación de estas medidas.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, también se mostró a favor de la iniciativa, considerando esencial negar la entrada a aquellos que intentaron ingresar de forma violenta al Parlamento. Hizo un llamado a UPN para que mantengan un estándar similar en la gestión de sus propios miembros condenados, como lo han exigido a otras formaciones políticas en el pasado.

Desde el PPN, Irene Royo cuestionó la validez de la prohibición si no se extiende a todos los condenados por disturbios, argumentando que debería aplicarse de manera universal. Mientras tanto, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin, enfatizó que el asunto no es solo cuestión de condenas, sino de la gravedad del intento de entrada forzada al Parlamento, apoyando la medida de prohibir el acceso durante esta legislatura.

Finalmente, Maite Nosti, portavoz de Vox, criticó la decisión del presidente del Parlamento, sugiriendo que o se impide la entrada a todos los condenados por desórdenes públicos o a nadie. Insistió en que los parlamentarios no deben asumir el papel de jueces, subrayando que no existe ninguna condena que impida a estos agricultores acceder a espacios públicos.