En la jornada del miércoles, durante una comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, Eduardo Jiménez, secretario general técnico del departamento de Cohesión Territorial, defendió su papel en la revisión jurídica de los cambios propuestos para la duplicación del túnel de Belate. Jiménez aseveró que no siente que tenga ninguna responsabilidad en relación a la suspensión impuesta por la Intervención General, ya que su informe fue elaborado bajo solicitud y se fundamentó en razones que consideró "imprevisibles".

Durante su intervención, Jiménez explicó que su informe fue solicitado debido a la relevancia de la obra, enfatizando que es habitual requerir un asesoramiento jurídico en casos de tal envergadura. No obstante, expuso que no recibió ninguna comunicación posterior respecto al reparo suspensivo y se limitó a analizar la propuesta que le fue presentada, la cual contaba con avales de la dirección facultativa.

El secretario técnico subrayó que su valoración se basó en tres motivos de imprevisibilidad que fueron argumentados por la dirección facultativa, y desmintió cualquier insinuación de que su informe respondiera a un servilismo hacia el Gobierno, tal como fue planteado por el parlamentario de UPN, Pedro González. "Definitivamente, no hay seguidismo", aseveró con firmeza.

En su exposición, Jiménez aclaró que su informe jurídico se circunscribía a circunstancias específicas y remarcó que, aunque la Intervención demandó información adicional, la facultad última de decisión recaía en la dirección facultativa. Hizo hincapié en que esta última es la competente y que, frente a las discrepancias iniciales, se fundamentan en variaciones en el terreno y otros aspectos técnicos.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que su informe lo colocara en una posición vulnerable, Jiménez contestó que trabaja con la documentación disponible y que no había indicios de decisiones previas a la iniciación de la obra. Aclaró que la dirección facultativa es quien debe emitir los informes pertinentes durante la ejecución de cualquier proyecto.

Turnándose hacia el proceso de adjudicación, Jiménez recordó que al llegar a su puesto ya se había realizado la propuesta de adjudicación de la obra del túnel de Belate. Reconoció que había desacuerdos entre técnicos y voces legales,pero subrayó que su intención no era ignorar estos puntos discrepantes, sino que formaban parte de un proceso administrativo que, en última instancia, apoya la propuesta de adjudicación presentada.

El secretario insistió en que todas las partes involucradas en el proceso de adjudicación tuvieron acceso a la documentación técnica y las puntuaciones individuales, aunque no se incluyeron en el resumen final de la propuesta. Según su análisis, el proceso se llevó a cabo conforme a la ley, apuntando a la viabilidad del procedimiento a pesar de las diferencias de opinión.

En relación al sistema de votación utilizado durante las deliberaciones, Jiménez mencionó la falta de regulaciones específicas y admitió que a lo largo de su experiencia ha sido testigo de diversas metodologías, lo que sugiere la necesidad de mejoramiento en los procedimientos para el futuro. Asimismo, destacó que el presidente de la mesa tenía la responsabilidad de articular un informe motivado que respondiera a las puntuaciones estadísticas de los técnicos.

Ante la indagación sobre si había tenido conocimiento de presiones externas que pudieran influir en la votación, Jiménez se mostró categórico en negar tales afirmaciones, asegurando que los técnicos actuaron con integridad y sin coerciones. Asimismo, insistió en que no ve justificación para considerar la adjudicación de Belate como nula, ya que se había cumplido con los requisitos necesarios durante el procedimiento, respaldados por documentación suficiente.

Finalmente, sobre la situación del exsecretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, quien había expresado inquietudes sobre supuestas irregularidades, Jiménez aclaró que no hubo intenciones de bloquear su regreso al departamento. Describió el proceso de modificación de plantilla como ajeno a su jurisdicción, quedando en manos de Función Pública, y reafirmó el buen ambiente de trabajo que mantuvo con Serena durante su tiempo en el departamento.