En el contexto del 'caso Koldo', este miércoles se llevó a cabo una importante sesión en el Tribunal Supremo, donde los exdirectivos de Acciona, Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, se presentaron como imputados. Ambos negaron cualquier tipo de irregularidad en relación con las obras obtenidas a través de una alianza con Servinabar, una empresa estrechamente relacionada con Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Según afirmaron, la comisión del 2% pagada a Servinabar es una práctica común en este tipo de proyectos.

De acuerdo con fuentes de Europa Press, tanto Pelegrini, quien fue director de Construcción de Acciona en España, como Olarte, que aún forma parte de la empresa pero se encuentra suspendido, defendieron la validez de los servicios prestados por ambas empresas y señalaron que cuentan con la documentación necesaria para avalar sus afirmaciones.

Ambos exdirectivos argumentaron que el 2% destinado a Servinabar por cada proyecto era una cifra habitual para cubrir servicios de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, aclararon que no se trataba de un monto fijo, sino de un límite a los beneficios percibidos por esta pequeña empresa en su alianza con la gigante constructora.

Durante las comparecencias, Pelegrini fue cuestionado sobre sus encuentros con el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, y Santos Cerdán. Estos encuentros, que han sido destacados en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se remontan a 2015 en el marco del proyecto ‘Mina Muga’ en Navarra, donde se señala que pudo comenzar la presunta red de corrupción en obras públicas.

Pese a que se le indagó sobre reuniones con otros actores sociales o representantes de diferentes partidos, Pelegrini negó haber mantenido contactos con ellos, limitándose a su relación con Alonso y Cerdán.

Por su parte, Olarte reconoció conocer profesionalmente a Alonso, pero insistió en que no mantiene ninguna relación con Cerdán ni con otros implicados, como el exministro de Transportes José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García, quienes también están bajo investigación.

Tras sus declaraciones, el magistrado organizó sendas audiencias para discutir posibles medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción solicitó que se restrinja la salida del país a ambos exdirectivos, pidiendo también la retirada de sus pasaportes y que se presenten quincenalmente ante el juzgado, un requerimiento respaldado por las acusaciones populares lideradas por el PP.

Se han solicitado más comparecencias, incluyendo la de Manuel García Alconchel, otro exdirectivo de Acciona que también está bajo la lupa por su papel en este caso. El juez considera que hay suficientes indicios de implicación en los posibles amaños de contratos públicos.

La decisión del magistrado se basa en un informe de la UCO donde se menciona un acuerdo marco entre Acciona y Servinabar, firmado poco después de que esta última se estableciera, que preveía que esta última recibiría un 2% de las adjudicaciones. Este acuerdo fue firmado por Pelegrini y Alonso, y se anota que la colaboración también involucraba a Cerdán, Olarte y García Alconchel.

Las investigaciones revelan que Pelegrini y Alonso mantuvieron comunicaciones frecuentes, algunas de ellas consideradas sensibles, ya que utilizaban métodos discretos para contactarse, como anotaciones manuscritas. Además, se han mencionado otros proyectos gestionados por la UTE, con cifras que superan los 245 millones de euros en adjudicaciones durante el periodo de investigación.

Los datos recopilados por la UCO sugieren que Servinabar ha percibido ingresos significativos a través de su relación con Acciona, alcanzando al menos 6,7 millones de euros, lo que representa el 75% de sus ingresos totales en dicho periodo. Los ingresos ajenos a Acciona se estiman en más de 2 millones de euros, provenientes de diversas transacciones y préstamos, cuya procedencia no ha sido completamente identificada.

En cuanto a las salidas de fondos en la última década, se ha calculado que fueron cerca de 9,7 millones de euros, destacando que la mayoría de estos gastos se destinaron a transferencias y pagos a personas y entidades, frente a un menor porcentaje para nóminas e impuestos.

La investigación también ha puesto de relieve a Cerdán y su familia como posibles beneficiarios de esta red, con el cobro de salarios y el pago de alquileres, además de otros gastos significativos. Por su parte, Acciona ha rechazado cualquier implicación en el pago de comisiones a los involucrados, advirtiendo que se reserva el derecho a tomar acciones legales si se demuestra algún perjuicio a la empresa como resultado de estas indagaciones.