El proceso legislativo en Navarra avanza con la reciente aprobación en pleno de una proposición para modificar la ley foral que garantiza el derecho a una vivienda asequible en la comunidad. Esta revisión, que aborda principalmente ajustes técnicos, fue respaldada por grupos como el PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que la oposición, conformada por UPN, PPN y Vox, se mostró reticente, calificando la propuesta de “chapuza”.

La modificación busca subsanar discrepancias que han obstaculizado la plena implementación de la normativa original, especialmente en lo que respecta a la adjudicación de viviendas protegidas. En detalle, se establecerán nuevos criterios de ingresos para acceder a este tipo de viviendas, donde los solicitantes deberán demostrar un ingreso familiar ponderado mínimo, ahora situado entre 5,000 euros y 2.5 veces el Indicador de Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA), con cifras específicas dependiendo del régimen de propiedad o alquiler.

Además, el Ayuntamiento tendrá la facultad de definir cuántas viviendas se reservarán para personas con una antigüedad de empadronamiento de al menos tres años. En otro aspecto, la normativa propone que las familias numerosas de categoría especial, que tengan cinco hijos o más, no podrán participar en ciertos procesos de adjudicación debido a incompatibilidades inherentes a la reserva de vivienda específica.

Desde la bancada de Contigo-Zurekin, Daniel López defendió la necesidad de esta modificación, remarcando su origen en diálogos con el departamento correspondiente y lamentando que no haya tenido un apoyo más amplio en un tema tan crucial como la vivienda. Criticó a la oposición por su actitud ante propuestas que buscan facilitar el acceso a un derecho fundamental.

Por su parte, Juan Luis Sánchez de Muniáin de UPN, expuso cifras preocupantes respecto a la creciente demanda de vivienda protegida en Navarra, y argumentó que las modificaciones son una señal de una deficiente calidad legislativa en el proyecto original aprobado hace apenas cuatro meses.

Kevin Lucero del PSN, por el contrario, aseguró que esta proposición no busca reabrir el debate sobre el modelo de vivienda, sino más bien consolidar y mejorar el marco existente. Defendió que los ajustes son una muestra de responsabilidad política y que es necesario perfeccionar leyes para evitar que aspectos administrativos impidan el acceso a la vivienda.

Mikel Zabaleta de EH Bildu, aunque no firmó la proposición, manifestó su apoyo, explicando que aprovecharán esta fase para incorporar nuevas propuestas, especialmente sobre el uso de viviendas vacías, un tema urgente dado el número de personas sin hogar en la comunidad.

Itxaso Soto, parlamentaria de Geroa Bai, reiteró que estos cambios son estrictamente técnicos y necesarios para hacer viable la ley, como algo fundamental para abordar los problemas habitacionales. En contraste, Maribel García Malo del PPN se mostró escéptica, tildando la proposición de ineficaz y sosteniendo que persisten problemas de vivienda sin solución.

Finalmente, Emilio Jiménez de Vox cuestionó la voluntad del gobierno al señalar que su rechazo a la ley anterior se mantiene firme, argumentando que no se están concretando acciones efectivas para resolver la crisis habitacional que afecta a muchas personas en Navarra.