PAMPLONA, 4 de marzo. - Este miércoles, el Gobierno de Navarra ha expresado su fuerte oposición a la iniciativa legislativa presentada por UPN, que busca modificar la Ley Foral 13/2023, normativa dedicada a la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia. La propuesta de UPN tiene como objetivo imponer la obligación al Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por delitos presuntamente cometidos.

Según el Ejecutivo navarro, esta medida no solamente carece de valor en términos de prevención del delito, sino que también contradice los principios que fundamentan la ley que se pretende alterar. Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, advirtió que tales prácticas podrían fomentar el racismo y la xenofobia, y enfatizó que el origen de las personas involucradas en delitos no influye en la incidencia del crimen, desmintiendo así cualquier conexión que se intente establecer entre ambos.

Alfaro argumentó que la divulgación del origen nacional de detenidos, cuando este dato no es esencial para entender los hechos, podría promover un trato discriminatorio y atentar contra el derecho al honor, al asociar de manera reiterativa ciertas nacionalidades con la criminalidad. Por lo tanto, el Gobierno de Navarra considera que esta propuesta añade un peligroso precedente que puede impactar seriamente la igualdad y la cohesión social.

El Ejecutivo destacó que mencionar sistemáticamente el país de origen en casos de detención no es un acto neutro. Según ellos, esta acción viola principios fundamentales de igualdad, equidad y responsabilidad social, además de convertirse en un factor que alimenta actitudes racistas y xenófobas en la sociedad.

El posicionamiento del Gobierno de Navarra se fundamenta en una amplia legislación a nivel europeo, estatal y foral que se opone a la discriminación por motivos de raza, nacionalidad y otros criterios. Alfaro recordó la recomendación número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la cual denuncia el uso injustificado de perfiles étnicos en acciones de control, considerando estas prácticas como discriminatorias y basadas en estereotipos perjudiciales.

Además, citó la Ley 15/2022, que establece el derecho a la igualdad de trato independientemente de la nacionalidad, prohibiendo tanto la discriminación directa como la indirecta por origen racial o étnico, estableciendo un mandato de prevención para las administraciones públicas.

El Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra, vigente desde 2002, también enfatiza la necesidad de prevenir el racismo dentro del ámbito de la justicia y la seguridad, asegurando que la legislación y las acciones administrativas se alineen con los principios de no discriminación y protección de los derechos humanos.

UPN, por su parte, busca incluir un nuevo párrafo en el artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, con el fin de formalizar la obligación de la Administración Foral de analizar y revelar trimestralmente los países de origen de los detenidos por delitos. Según ellos, la intención es contribuir a una mejor caracterización de perfiles delictivos y a la reducción de conductas delictivas.

No obstante, la Dirección de Políticas Migratorias del Gobierno ha emitido un informe que contradice esta afirmación. En este documento se argumenta que la entrega sistemática de tales datos solo servirá para reforzar estereotipos negativos y promover la estigmatización de grupos enteros a partir de acciones individuales, generando una percepción distorsionada de la realidad y riesgos sociales acumulativos.

El informe concluye que la reiteración de menciones al origen de los delitos puede llevar a la sociedad a sobreestimar la participación de la población migrante en actividades delictivas, a pesar de que los datos reales no lo sustentan, contribuyendo así a una narrativa que alimenta la polarización y la discriminación.