El pasado martes, la Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del consumo de drogas en lugares públicos. La medida fue tomada por unanimidad de los nueve magistrados que componen la corte y ha sido recibida con controversia por parte de diferentes grupos políticos y sociales del país.

En su fallo, la corte estableció que la penalización del consumo de drogas en espacios públicos como parques, calles o plazas no es constitucional, alegando que este tipo de sanciones vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos y no son una herramienta efectiva en la lucha contra el tráfico de drogas.

De esta forma, Colombia se une a otros países de la región como Argentina, México y Costa Rica en la no criminalización del consumo de drogas en espacios públicos. Sin embargo, la medida no significa la legalización de las drogas ni tiene relación con la producción, la venta o el tráfico de estupefacientes, actividades que siguen siendo ilegales en el país.

El presidente Iván Duque, quien había manifestado su oposición a la despenalización del consumo de drogas en lugares públicos en el pasado, declaró que acata el fallo de la corte aunque no está de acuerdo con él. Por su parte, diferentes organizaciones civiles y grupos de defensa de los derechos humanos han celebrado la medida como un avance en la protección de las libertades individuales y la reducción del estigma hacia los consumidores de drogas.

Por otro lado, sectores políticos de derecha han criticado la decisión de la corte, argumentando que la despenalización del consumo de drogas en lugares públicos podría generar un aumento en la inseguridad y en los índices de adicción en el país. Además, algunos sectores religiosos han manifestado su rechazo a la medida, alegando que fomenta la promiscuidad y el consumo de sustancias ilícitas en la vía pública.

La despenalización del consumo de drogas en espacios públicos es una medida controvertida que ha sido debatida en diferentes países del mundo en los últimos años. A pesar de las opiniones encontradas al respecto, lo cierto es que la decisión de la corte colombiana es un hecho histórico que marcará un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico y la protección de los derechos ciudadanos en el país.