PAMPLONA, 18 de febrero.

El Gobierno de Navarra, a través de su Dirección General de Vivienda, ha lanzado un proceso participativo para la creación de una Ley Foral destinada a regular la Vivienda Colaborativa en la región. Este nuevo enfoque se plantea como una opción sostenible y accesible, con el objetivo de asegurar el derecho a un hogar y distanciarse de las dinámicas de especulación del mercado inmobiliario. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de revisar el borrador legal y aportar sus opiniones desde este miércoles hasta el 22 de marzo.

En una reciente sesión de gobierno, Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, esbozó las principales directrices de esta iniciativa legislativa. Según Alfaro, esta propuesta busca responder a las crecientes problemáticas que enfrenta el sector de la vivienda, ofreciendo nuevas alternativas que superen los sistemas tradicionales. El borrador establece las bases jurídicas para las cooperativas y sus miembros, así como para las actividades colaborativas y las características constructivas de los distintos tipos de vivienda.

Las viviendas colaborativas estarán compuestas por unidades residenciales privadas que incluirán espacios compartidos y servicios destinados a fomentar la convivencia y la cooperación. Estas áreas comunes podrán ser utilizadas para diversos fines, desde alojar temporalmente a familiares hasta brindar cuidados a personas dependientes. También se prevé la creación de espacios como huertos, bibliotecas, gimnasios y hasta servicios de salud, según ha informado el Ejecutivo foral.

En este innovador modelo, la propiedad de las viviendas será gestionada por una cooperativa, cuyas integrantes disfrutarán de un derecho de uso exclusivo sobre sus hogares y los espacios comunitarios a largo plazo. Este sistema ofrece una alternativa que se sitúa entre la propiedad total y el alquiler, centrada en la cooperación y diseñada para garantizar un enfoque residencial justo y estable, alejado de la especulación.

La propuesta legislativa contempla diferentes tipos de inmuebles colaborativos y especifica las condiciones para las variedades más comunes: vivienda colaborativa asequible, vivienda destinada a personas mayores y vivienda en el entorno rural. Además, se regula cómo debe articularse la actividad colaborativa dentro de estas comunidades, estableciendo un "pacto colaborativo" que guiará las actividades que se lleven a cabo en los espacios compartidos.

Las nuevas construcciones bajo este modelo, que se realicen en suelos públicos mediante un derecho de superficie o concesiones administrativas, regresarán a la Administración a los 75 años, asegurando que el suelo mantenga su propósito público y social.

El proceso de consulta pública, que estará abierto hasta el 22 de marzo en el portal de Gobierno Abierto, tiene como objetivo recoger la perspectiva de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas sobre esta iniciativa transformadora.