En la Bicentésima Novena Conferencia de los Intergrupos parlamentarios en defensa de la paz y la libertad del Pueblo Saharaui, celebrada este fin de semana en Pamplona, se ha ratificado un compromiso firme con el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. Esta reunión, que reunió a representantes de varios parlamentos autonómicos, subraya la necesidad de respetar la normativa internacional y de apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para encontrar una solución justa y duradera al conflicto.

Durante las discusiones, los participantes manifestaron su desacuerdo con el giro en la postura del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental, reafirmando el reconocimiento del Frente Polisario como el único representante legítimo del pueblo saharaui, como así lo establece el consenso internacional. Este respaldo es crucial en momentos en que el pueblo saharaui busca su derecho a decidir su propio futuro en medio de una larga ocupación.

La declaración final de la Conferencia denunció la presencia marroquí en el Sáhara Occidental como ilegal y exigió el fin de la ocupación, enfatizando que el territorio continúa siendo considerado un Territorio No Autónomo según el Derecho Internacional. Además, se recordó la responsabilidad de España como potencia administradora, enfatizando el deber de cumplir con las resoluciones internacionales.

El documento también hace un llamado a que la MINURSO, la misión de la ONU en la región, amplíe su mandato para incluir la vigilancia y protección de los derechos humanos. Asimismo, se solicita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que designe a un relator específico para el Sáhara Occidental, con el fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales del pueblo saharaui.

En cuanto a derechos humanos, se demandó la liberación inmediata de los prisioneros políticos saharauis, incluidos los de Gdeim Izik, y se condenaron las violaciones sistemáticas que se producen en los territorios bajo ocupación. La Conferencia también destacó la importancia de las misiones parlamentarias de observación y se comprometió a continuar con estas prácticas durante 2026.

En línea con estos principios, se rechazaron todos los acuerdos económicos que menoscaben el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, así como el expolio de los recursos naturales de la región. Las negociaciones futuras deben llevarse a cabo directamente con el Frente Polisario, en cumplimiento de la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Declaración de Navarra también subrayó la importancia de la cooperación internacional y el apoyo humanitario para la población refugiada en Tinduf y los saharauis en los territorios ocupados, instando a las instituciones españolas a aumentar la ayuda y avanzar en el reconocimiento diplomático del Frente Polisario.

La Conferencia homenajeó el papel de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y reconoció los esfuerzos de diversas organizaciones y colectivos que trabajan en solidaridad con esta causa. Programas como 'Vacaciones en Paz' y 'Proyecto Madrasa' fueron destacados por su impacto positivo en la comunidad saharaui.

Finalmente, la Declaración será enviada a la ONU y a diversas instituciones europeas y españolas, reafirmando el compromiso político y social de buscar una solución que respete la legalidad internacional y los derechos humanos. Previamente, se llevaron a cabo sesiones de trabajo que trataron temas de relevancia, concluyendo con la decisión de que la próxima Conferencia de Intergrupos Parlamentarios se llevará a cabo en 2027 en Canarias.

Representantes de diez parlamentos autonómicos participaron en la Conferencia, entre ellos el Parlamento de Navarra, el de Cantabria y el de Cataluña. El intergrupo del Parlamento de Navarra, coordinado por Carlos Guzmán, abarca a diversas fuerzas políticas, mostrando así un frente unitario en la defensa de los derechos del pueblo saharaui.