PAMPLONA, 26 de noviembre.

Un reciente estudio sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia en Navarra ha revelado que 79 de los 174 elementos analizados podrían ser reclamados por las comunidades locales o el Estado. Este hallazgo subraya la compleja relación entre el patrimonio eclesiástico y los derechos comunales.

La presentación de las conclusiones del estudio tuvo lugar este miércoles, liderada por José Mari Aierdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, junto a Xabier Alcuaz, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). La reunión reunió a representantes de alrededor de 50 entidades locales, así como a miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

El Gobierno de Navarra y la FNMC han decidido extender hasta 2026 el acuerdo que les permite investigar los bienes comunales que han sido inmatriculados por la Iglesia católica. Este convenio se apoya en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y busca documentar el origen de dichos bienes para respaldar futuras reclamaciones de reversión.

El objetivo de esta colaboración es continuar con una exhaustiva investigación histórica y documental que, en el último año, ha permitido analizar 174 bienes pertenecientes a 26 entidades locales. Este esfuerzo busca restaurar la memoria histórica y jurídica respecto a la titularidad de los bienes en cuestión.

La FNMC, en colaboración con otros organismos, ha encontrado 79 propiedades específicas, que incluyen ermitas, casas parroquiales, huertos y terrenos, que podrían justificar una reclamación de su carácter comunal o público. Cada uno de estos casos ha sido cuidadosamente investigado a través de archivos municipales, logrando documentación en 21 casos y hallando indicios históricos en 58 más.

Aierdi ha enfatizado la relevancia de esta iniciativa, señalando que es un paso significativo después de más de dos décadas de luchas por la legitimidad de ciertos bienes inmatriculados. Este esfuerzo representa un movimiento político concreto de un gobierno autonómico, buscando corregir injusticias históricas relacionadas con la propiedad eclesiástica.

El consejero ha manifestado que no van a esperar a tener toda la información disponible antes de presentar una demanda. En cambio, se plantearán estrategias a corto plazo para avanzar en la recuperación de estos bienes, mientras que la investigación continua a través del convenio.

Alcuaz ha subrayado que hay una creciente preocupación entre los ayuntamientos sobre la titularidad de propiedades que históricamente se han considerado públicas, pero que están registradas a nombre de la Iglesia. Esta inquietud ha impulsado la necesidad de una investigación técnica y fundamentada, garantizando la defensa del patrimonio comunal.

El trabajo, que ha comenzado con entusiasmo, no termina aquí. La metodología probada revela que la cooperación entre Gobierno y entidades locales es eficaz, y el enfoque ahora se centrará en seguir avanzando en esta línea, elaborando informes individuales para cada localidad afectada que detallen los hallazgos de la investigación.

Los informes facilitarán la toma de decisiones y definirán los pasos a seguir para que las entidades locales puedan ejercer acciones legales en relación a los bienes que pueden acreditar como de titularidad pública o comunal. Hasta ahora, 139 localidades se han sumado al convenio, y aquellas que aún no lo han hecho tienen la posibilidad de incorporarse.

El convenio, apoyado con una subvención de 50.000 euros del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, continuará su vigencia en 2026 con el mismo financiamiento. La FNMC llevará a cabo la investigación sobre bienes inmatriculados, mientras que la sección de Comunales del Gobierno foral realizará análisis y actualizaciones catastrales, con una comisión de seguimiento para establecer prioridades en las acciones a desarrollar.

En un contexto más amplio, el Departamento de Justicia había recopilado previamente datos sobre 2.952 inscripciones por la Iglesia desde principios del siglo XX, y ahora se está aprovechando esta información para fortalecer la defensa del patrimonio comunal en Navarra. Sin embargo, de los 174 bienes investigados recientemente, se han descartado muchos por ser de uso privado, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir abriendo caminos en la búsqueda de justicia patrimonial.