PAMPLONA, 15 de noviembre. En un contexto donde la crisis de vivienda se torna cada vez más apremiante, Carolina Cordero, responsable de Vivienda de Izquierda Unida, ha denunciado la alarmante situación de "emergencia social" que afecta a "muchísimas personas en todos los rincones del país". Cordero ha manifestado la necesidad imperiosa de "enterrar definitivamente el modelo especulativo que nuestro país ha arrastrado durante años", abogando por la instauración de un "modelo alternativo que garantice los derechos" relacionados con la vivienda.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de Izquierda Unida en Navarra, Cordero estuvo acompañada por Carlos Guzmán, coordinador de la formación en esta comunidad. Cordero subrayó que el derecho a la vivienda no es un privilegio, sino un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución española. Por ello, instó a las instituciones a "legislar para blindarlo" mediante acciones coordinadas a nivel estatal, autonómico y municipal.

En el plano estatal, Cordero propuso la creación de un parque público de vivienda y la regulación de los precios, con especial atención a los alquileres. Recordó que el presidente Pedro Sánchez había anunciado una inversión de 6.000 millones de euros para el impulso de este parque. Sin embargo, Cordero expresó su preocupación ante la tendencia del PSOE de enfocarse únicamente en "la construcción y la colaboración público-privada", aspectos que, a su juicio, perpetúan el modelo especulativo responsable de la crisis actual.

La representante de IU enfatizó la necesidad de promover viviendas de titularidad y gestión pública. Además, sugirió que, antes de embarcarse en nuevas construcciones, "hay que movilizar la vivienda vacía", que estima en alrededor de cuatro millones en todo el país. Propuso medidas como poner a disposición las viviendas de la SAREB, expropiar propiedades vacías de grandes tenedores como fondos de inversión y entidades bancarias, y llevar a cabo un plan de rehabilitación de viviendas existentes.

Respecto a la regulación de alquileres, Cordero dijo que "es imprescindible una nueva legislación", ya que la actual Ley de Vivienda, aunque permite ciertos avances, "no está siendo suficientemente útil", dado que los alquileres siguen aumentando. Por ello, hizo un llamado a "seguir legislando en esa dirección", destacando que es esencial abordar el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos, que actualmente funcionan sin regulación y representan un foco de especulación alarmante.

A nivel autonómico, Cordero abogó por "exprimir la Ley de Vivienda" en términos de declaración de zonas tensionadas, una herramienta clave que las comunidades autónomas deben aprovechar, dado que tienen competencias significativas en este ámbito. Elogió a Navarra por haber implementado esta medida en 21 municipios, al mismo tiempo que criticó a los "gobiernos de la derecha" que buscan bloquear cualquier avance relacionado con la nueva Ley de Vivienda.

Finalmente, Cordero destacó que los modelos de ciudad promovidos por Izquierda Unida "no son modelos especulativos, sino modelos de derechos". En este sentido, la formación rechaza firmemente los "desarrollos urbanísticos atroces" que continúan generando consecuencias negativas. "Ese modelo del pelotazo urbanístico, donde se ve suelo y se considera automáticamente como posibilidad de edificación, incluso en zonas inundables", enfatizó, recordando las recientes consecuencias devastadoras de las lluvias torrenciales.

Por su parte, Carlos Guzmán subrayó la importancia de "la necesaria intervención pública en el sector de la vivienda", tanto en la compraventa como en el ámbito del alquiler. Destacó la relevancia de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en Navarra en 21 municipios como una medida "fundamental" para garantizar el acceso a la vivienda para "familias trabajadoras, jóvenes, población migrante y familias monomarentales".

Guzmán delineó claramente un dilema: "dos modelos, el de los derechos o el de las derechas". Afirmó que Izquierda Unida pone en valor "la vivienda como un derecho fundamental que debe ser accesible para todas las familias trabajadoras en este país, permitiendo así que puedan disfrutar de una vida digna". Por ello, concluyó que es necesario "luchar en la batalla cultural para garantizar ese derecho".