En una decisión histórica, el departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, liderado por la vicepresidenta segunda y consejera Ana Ollo, ha aprobado los primeros doce reconocimientos de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en la Comunidad foral.
Este importante avance ha sido posible gracias a la Comisión de Reconocimiento y Reparación, que ha propuesto los reconocimientos en el marco de la ley Foral 16/2019, aprobada por el Parlamento con el objetivo de reparar a las personas afectadas por actos de violencia injustificada en Navarra. En esta primera etapa se han resuelto cuatro solicitudes inadmitidas, dando paso a futuras decisiones en el proceso de reparación.
El director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, ha firmado las primeras resoluciones tras un exhaustivo trabajo de la Comisión durante el último año. Además, se están revisando otros sesenta expedientes en diferentes fases del procedimiento, demostrando el compromiso del Gobierno de Navarra con la justicia y la memoria histórica.
Entre las víctimas reconocidas se encuentran personas fallecidas a causa de la violencia, heridas en diferentes circunstancias y sujetas a detenciones violentas. Estos casos, que datan desde 1969 hasta 1994, han sido evaluados por expertos designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, garantizando un proceso transparente y justo.
La ley Foral 16/2019 ha sido objeto de recursos de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional ha ratificado su conformidad con la Carta Magna, allanando el camino para la reparación de las víctimas. La aprobación de una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2024 demuestra el compromiso del Gobierno con la compensación económica de las víctimas, en consonancia con los principios de justicia y memoria democrática.
Desde una perspectiva integral, el Gobierno de Navarra avanza en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, sin equiparaciones ni diluciones, demostrando su compromiso con la convivencia y la justicia. Esta acción se suma a otras leyes de reparación moral implementadas en la Comunidad, demostrando un enfoque holístico en la lucha contra la impunidad y el reconocimiento de los derechos humanos.
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