En un encuentro empresarial celebrado en Pamplona el 21 de octubre, la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, ha señalado la urgencia de propiciar un clima normativo que sea más sencillo y coordinado entre las diferentes administraciones. Durante su intervención, subrayó la imperiosa necesidad de implementar reformas en las áreas fiscal y laboral, enfatizando que estas deben robustecer la viabilidad y la competitividad del sector de las pequeñas y medianas empresas.

Este evento, organizado en colaboración con Caixabank y llevado a cabo en la Confederación Empresarial Navarra (CEN), ha permitido abordar los significativos retos que enfrentan las pymes en España en el contexto de la sostenibilidad y competitividad. La discusión también se centró en la situación actual de los autónomos, un colectivo fundamental para la economía nacional.

La jornada ha sido una plataforma para un diálogo constructivo sobre cómo la complejidad regulatoria, junto con la presión fiscal y el fenómeno del absentismo laboral, impactan en las pequeñas y medianas empresas. Además, se discutió la reciente actualización respecto a la nueva cuota de autónomos, que ha generado expectativas y preocupaciones dentro del sector.

Los expertos señalaron que las pymes navegan en un paisaje regulatorio que se ha vuelto cada vez más intrincado y fragmentado, lo cual limita significativamente su capacidad para invertir y adaptarse a los cambios del mercado. En 2024, se aprobaron un total de 894 normas tanto a nivel estatal como autonómico, lo que se traduce en aproximadamente tres nuevas regulaciones por cada día laborable. Este escenario coloca a España entre los países europeos donde la regulación es vista como un gran impedimento para la inversión, con un 60,4% de las pymes compartiendo esta percepción, un porcentaje considerablemente superior a la media europea del 24,5%.

La proliferación de normativas ha llevado a un deterioro en la competitividad, creando rigidez en el mercado y elevando los costos administrativos, afectando principalmente a las microempresas que poseen menos recursos para adaptarse.

Otro tema crítico abordado fue la presión fiscal soportada por las pymes, que fue calificada de "desproporcionada" en relación a su capacidad económica. En 2023, más de 400.000 pymes reportaron pérdidas, y un preocupante 56% de ellas no logra perdurar más de cinco años, afectando especialmente a los autónomos y las microempresas.

Los costos operativos han mostrado un incremento alarmante, alcanzando en el primer trimestre de 2025 un 2,8% más que en el año anterior y un 26% por encima de los niveles de 2019. Esta situación erosiona los márgenes de beneficio y complica la consolidación de nuevos proyectos.

También se discutió la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin afectar el salario, que aún aguarda aprobación en el Congreso. Según las estimaciones de Cepyme, esta medida podría representar un sobrecoste de 13.900 millones de euros anuales para el tejido empresarial, lo que implica un promedio de 4.800 euros extra por pyme. Más de la mitad de las empresas participantes prevén que, de implementarse esta medida sin un plan gradual y apoyo sectorial, tendrían que congelar nuevas contrataciones, recortar plantilla o limitar sus inversiones.

Finalmente, el encuentro también giró en torno al creciente desafío del absentismo laboral. En 2024, el índice de absentismo alcanzó aproximadamente el 7% de las horas estipuladas, generando un costo directo que supera los 25.000 millones de euros a nivel nacional. Las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos opciones para redistribuir tareas, son las que más sufren este impacto, traduciéndose en pérdida de productividad y sobrecarga de trabajo para el personal.

Ángela de Miguel concluyó su intervención poniendo en relieve la importancia de las organizaciones territoriales como la CEN, que actúan como intermediarias para transmitir las inquietudes del empresariado a nivel nacional y fomentar un diálogo constructivo entre la administración y las empresas. La jornada culminó con una reflexión colectiva sobre las prioridades para el año 2026, destacando la necesidad de simplificar las regulaciones, alivianar la carga fiscal y mejorar el marco de las relaciones laborales, tres pilares fundamentales para asegurar que el tejido empresarial en Navarra y en todo el país continue creciendo y fortaleciéndose.