La reciente investigación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha revelado la existencia de "anomalías" en la gestión administrativa de ciertos contratos adjudicados a empresas bajo la lupa del polémico 'caso Cerdán', lo que pone de manifiesto la preocupación por la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Este hallazgo fue comunicado por Félix Taberna, vicepresidente y consejero del Gobierno de Navarra, durante una conferencia de prensa el 15 de septiembre, coincidiendo con el vencimiento del plazo que tenía el Ejecutivo foral para presentar la documentación requerida por la comisión del Parlamento de Navarra.

Los contratos en cuestión incluyen obras relacionadas con la construcción de viviendas de protección oficial, la edificación del colegio de Arbizu y la ampliación de los túneles de Belate. Cabe mencionar que las adjudicaciones de otros proyectos, como la reforma del Archivo y del Jardín del Palacio de Navarra, quedaron fuera del análisis debido a la posible imparcialidad de la directora de la Oficina Anticorrupción, quien ocupó un cargo de relevancia en el Gobierno durante su tramitación.

A pesar de su comunicación sobre estas irregularidades, Taberna eludió proporcionar información más pormenorizada sobre el contenido de los informes encontrados, argumentando que estos aún no habían sido entregados al Parlamento. Aclaró que las conclusiones de la Oficina se limitan al ámbito administrativo, descartando por el momento cualquier responsabilidad legal o conflicto de interés entre los miembros involucrados en el proceso de adjudicación.

No obstante, el vicepresidente subrayó que los hallazgos de la Oficina incluyen un conjunto de "cuestionamientos" que merecerán atención, aunque no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza de dichas irregularidades. "Se trata de cuestiones administrativas que, a simple vista, parecen no estar bien ejecutadas", aseguró.

En cuanto a los túneles de Belate, Taberna destacó la discrepancia entre lo que señala la Cámara de Comptos y la Oficina Anticorrupción, señalando que la primera no encontró responsabilidades contables durante su análisis legal.

Finalmente, Taberna aseguró que el Gobierno continúa en una fase de revisión tanto administrativa como jurídica y que, aunque los informes de la Oficina no contemplen alegaciones formales, planean enviar observaciones que podrían dar lugar a una evaluación "de oficio" por parte de la entidad investigadora.