El 17 de febrero en Pamplona, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hizo presente en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, donde se discute el caso que involucra a Santos Cerdán, ex secretario de Organización y ex diputado socialista, así como a José Luis Ábalos, exministro, y su asesor Koldo García. A pesar de su comparecencia, los agentes han informado que no responderán preguntas debido a directrices del magistrado a cargo del caso.

En un esfuerzo por proteger su identidad, los agentes solicitaron que no se registraran imágenes durante su intervención, lo que llevó a la comisión a restringir el acceso a medios audiovisuales. La presidenta de la comisión, Irati Jiménez, enfatizó estos lineamientos mientras los agentes accedían al Parlamento por la zona de aparcamiento, evitando la entrada principal, una medida que parece destinada a mantener un perfil bajo en un entorno que ha atraído mucha atención mediática.

Su llegada fue programada con antelación, antes del inicio oficial de la sesión, donde se mantuvieron en una sala cercana hasta que comenzó la comparecencia, permitiendo solo la presencia de medios escritos y parlamentarios. En el inicio de la sesión, Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, interrogó a los agentes sobre la naturaleza secreta de la causa. En respuesta, ellos aclararon que originalmente había sido clasificada, pero ahora ya no lo es.

Uno de los representantes de la UCO expresó que sería un honor participar en esta comisión, pero rápidamente matizó que, por orden del magistrado, no ofrecerían declaraciones sobre el caso en cuestión. Además, subrayó la dependencia funcional de la policía judicial respecto al magistrado, recordando que, a pesar de la falta de secreto, existe una obligación de reserva sobre las diligencias que se manejan en un proceso penal.