En la tarde del martes, la juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona tomó una decisión relevante en un caso de gran impacto: ordenó prisión domiciliaria, comunicada y bajo el auspicio de una fianza de 6.000 euros, para un octogenario que se encuentra bajo investigación por el asesinato de su esposa el pasado 29 de julio en Zizur Mayor.

De acuerdo con lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el detenido logró salir de la prisión poco después de que su defensa presentara el dinero requerido para la fianza.

En su resolución, que puede ser objeto de apelación ante la Audiencia Provincial, la jueza subrayó que la imposición de esta medida de prisión eludible era imperativa, dado que así lo había solicitado la fiscalía, que es la única parte acusadora en este proceso judicial.

La juez explicó que, según la normativa, la prisión provisional solo puede establecerse si es solicitada por alguna de las partes involucradas. Ante la solicitud de libertad planteada por la defensa, remitió el asunto a la fiscal, quien pidió la fianza de 6.000 euros para la liberación del encausado.

Respecto al horrible suceso, la magistrada enfatizó que los hechos son de una gravedad alarmante, indicando que, según el informe forense, la víctima, de 78 años, sufrió “dos traumatismos en la cabeza mientras dormía, con eventual sujeción”.

El caso se está tramitando bajo el procedimiento del tribunal del jurado, en relación a un presunto asesinato que incluye la agravante de alevosía.

Además, el juzgado ha solicitado diversas pruebas, incluyendo una evaluación forense que determine la capacidad del investigado tanto en el momento de los hechos como durante el proceso actual.

A mediados del pasado agosto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial atendió parcialmente un recurso presentado por la defensa, lo que resultó en la concesión de la prisión domiciliaria para el imputado, quien había estado en prisión provisional desde el 30 de julio.

Ahora, al ser liberado bajo fianza, la jueza ha dictado una serie de medidas complementarias que el investigado deberá cumplir: comparecer al juzgado el primer día de cada mes, proporcionar un domicilio para notificaciones y prohibir abandonar el país, lo que implica también la entrega de su pasaporte.