PAMPLONA, 12 de noviembre. En un paso significativo hacia la mejora de la gobernanza y la transparencia, el Gobierno de Navarra ha anunciado la creación de un registro destinado a los grupos de interés, comúnmente conocidos como 'lobbies'. Esta iniciativa busca establecer un marco claro para las relaciones entre las instituciones públicas y las diversas organizaciones que intentan influir en el proceso de toma de decisiones políticas.

El objetivo del registro es fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas. El ejecutivo foral ha enfatizado que esta medida es parte de un conjunto de acciones diseñadas para fomentar una participación más activa y consciente de la sociedad en la vida pública, tal como se expone en el comunicado oficial del Gobierno de Navarra.

La creación del registro se enmarca dentro del anteproyecto de ley foral que modifica la legislación anterior sobre transparencia, que fue aprobado en una reciente sesión de gobierno. Felix Taberna, vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, destacó que este texto será enviado al Parlamento para su discusión y aprobación final, lo que marca un avance en la legislación sobre transparencia en Navarra.

Taberna subrayó que esta reforma es parte de una estrategia más amplia centrada en seis ejes clave que buscarán no solo aumentar la transparencia, sino también garantizar una rendición de cuentas efectiva. Este enfoque se alinea con las recomendaciones de la Comisión Europea en su Plan de Acción para la Democracia, que promueve una mayor participación ciudadana.

Entre las iniciativas en camino se incluyen la formación de redes y consejos de participación, mejoras en el acceso a la información pública, y la implementación de mecanismos que permitan una auditoría ciudadana eficaz. Además, se están consolidando políticas éticas y se están tomando medidas concretas para combatir la desinformación, con colaboraciones a nivel europeo y programas de alfabetización mediática.

Conforme a las disposiciones del nuevo anteproyecto, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) será la responsable de gestionar este registro de grupos de interés. Esta oficina actuará en un marco regulador que será ampliado mediante un decreto foral, del que también se espera la creación de un Código de Conducta para garantizar interacciones transparentes entre los grupos de interés y las instituciones públicas de Navarra.

El vicepresidente manifiesta que este esfuerzo no solo busca formalizar la transparencia, sino transformarla en un principio básico de gobernanza. Entre sus objetivos está el de devolver la confianza de la ciudadanía en la política y fomentar una cultura de compromiso activo en los asuntos públicos. La reforma se alimenta de las propuestas planteadas por el Consejo Navarro de Transparencia y ha pasado por un proceso de consulta pública, lo que evidencia un claro compromiso con la participación ciudadana.

Aunque la ley de 2018 ya preveía la creación de este registro, Taberna aclaró que había existido cierta confusión sobre su implementación. Con esta nueva legislación, la responsabilidad queda establecida inequívocamente en la OANA, fortaleciendo su papel en el control de las actividades de los grupos de interés.

En la misma línea de fortalecer la autonomía del Parlamento de Navarra, Taberna sugirió que este organismo debería establecer una agenda pública institucional similar a la que ya posee el Gobierno.

Por otra parte, aunque reconoció que siempre hay áreas de mejora, Taberna afirmó que los miembros del Gobierno están cumpliendo con sus respectivas agendas públicas institucionales.

La ley de transparencia anterior define a los grupos de interés como aquellos individuos u organizaciones que, a través de sus actividades en la región, buscan influir en la creación de políticas y normativas, ya sea en defensa de sus propios intereses o de otros. También se incluyen plataformas que, aunque no tienen personalidad jurídica, actúan como grupos de influencia.

La inscripción de todos los grupos de interés en este nuevo registro será obligatoria, con el fin de asegurar la trazabilidad y control de sus actividades. De esta manera, se busca publicar información sobre sus interacciones con funcionarios y autoridades, abriendo un camino hacia una mayor rendición de cuentas.

Además de las entidades que ya eran parte de este marco regulador, como el Gobierno y el Parlamento, la OANA se añade como nueva responsable de gestionar la información pública, lo que intensifica el compromiso con la transparencia.

Una de las modificaciones relevantes en la ley también implica un fortalecimiento del Consejo de Transparencia para asegurar su independencia, proponiendo un ajuste en su composición que eliminara a representantes políticos y sustituirlos por perfiles técnicos.

Con dichas reformas, se busca asegurar que el Consejo de Transparencia pueda operar libremente, contando con un presidente que no pertenezca a ningún partido político y que sea designado por un período de seis años, sin posibilidad de renovación.

Finalmente, se establece que los miembros del Consejo podrán recibir compensaciones por su labor, asegurando así una correcta retribución por el trabajo desempeñado en pro de la transparencia y la rendición de cuentas en la comunidad foral.