PAMPLONA, 4 de noviembre. - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha anunciado hoy la iniciación de un relevante proceso para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado en 21 municipios de la Comunidad foral. Este paso impacta a un significativo 68,3% de la población navarra, subrayando la necesidad urgente de abordar las tensiones en el mercado de la vivienda.

En una rueda de prensa conjunta con la directora general de Vivienda, Elga Molina, Alfaro ha esclarecido que el anuncio de hoy se centra "únicamente" en los municipios que entrarán en este proceso preliminar de declaración. La implementación efectiva de los trámites administrativos está planificada para enero de 2025, momento en el cual se llevará a cabo la declaración inicial y su correspondiente exposición pública.

“No estamos formalizando nada hoy, sino que iniciamos el anuncio sobre las áreas que pronto serán evaluadas”, destacó Alfaro. Esta acción no se limitará a la regulación de precios de alquiler, ya que se contempla una variedad de medidas complementarias que podrían incluir incentivos para la bolsa de alquiler y beneficios fiscales, buscando una solución exhaustiva a la problemática habitacional.

Los municipios incluidos en este proceso son Pamplona, Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Aranguren, Berriozar, Ansoain, Villava, Noáin - Valle de Elorz, Huarte, Berrioplano, Tudela, Corella, Cintruénigo, Estella, Tafalla, Baztan, Alsasua, San Adrián y Peralta. En conjunto, estas localidades representan una población de 459,088 habitantes, conforme al último padrón oficial del 1 de enero de 2023.

Al respecto, Alfaro enfatizó la urgencia de esta medida, afirmando que “las administraciones públicas deben emplear todas las herramientas a su disposición para mitigar la continua escalada de precios que está excluyendo a miles de familias del mercado de la vivienda”. Se reconoce así la necesidad crucial de intervenciones en el ámbito de la vivienda para garantizar el acceso y la justicia social.

Una exploración de datos ha sido realizada para respaldar esta iniciativa, utilizando diversas fuentes estadísticas con el fin de cumplir al menos uno de los cuatro criterios legales requeridos. Estos criterios incluyen un incremento en los precios de compra y alquiler que supere el IPC más tres puntos en los últimos cinco años, o que el esfuerzo financiero de las familias para vivienda supere el 30% de su renta media.

Las estadísticas corroboradas por entidades como el Colegio de Registradores de España y el Instituto Navarro de Estadística revelaron que en nueve municipios se cumplen dos de los requisitos, mientras que en otros diez se cumple la evolución de precios en alquiler; en solo dos municipios se cumple el criterio de evolución de precios en compra. Todos los datos están disponibles en el Informe Preliminar de Zonas de Mercado Tensionado del Gobierno de Navarra, brindando una base informativa sólida para esta iniciativa.

Elga Molina, la directora general de Vivienda, también ofreció detalles sobre el proceso que se pondrá en marcha, subrayando la importancia de los contactos y colaboraciones con otros departamentos del Gobierno de Navarra, así como con los ayuntamientos y actores involucrados. Este enfoque multilateral es esencial para el éxito del proceso y para asegurar que todas las voces relevantes sean escuchadas.

En la misma línea, el Gobierno elaborará una Memoria preceptiva y un plan de acciones generales que reflejen las medidas que se buscará implementar tras la declaración. El proceso administrativo comenzará formalmente a inicios de enero, incluyendo una fase de exposición pública de dos meses para recoger todas las alegaciones según la legislación vigente.

Una vez concluidas estas etapas administrativas, se emitirá la orden foral de Declaración y se comunicará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la resolución, con el objetivo de establecer el Índice que limitará los precios de alquiler en estas áreas. Este paso es fundamental para implementar las medidas necesarias que frenen el ascenso desmedido de los precios.

Finalmente, tras estos procedimientos, se prevé un plazo de seis meses para desarrollar, junto a cada municipio, un Plan de Medidas Específico. Desde el Gobierno se considera que este es un paso esencial, con el propósito de transformar esta declaración en una oportunidad para los municipios que, preocupados por la escalada de precios, buscan soluciones efectivas.

El compromiso con la transparencia durante todo el proceso ha sido destacado por Molina, quien comentó que “mantendremos al Ministerio de Vivienda informado en cada fase, buscando evitar problemas que han surgido en otras regiones, como Cataluña, y garantizando así un avance cohesivo y coordinado en esta importante iniciativa”.