PAMPLONA, 22 de noviembre. Este sábado, diversas organizaciones sociales se congregaron frente al Palacio de Navarra para visibilizar la alarmante situación de aproximadamente 200 personas que se encuentran durmiendo en la calle en Pamplona, mientras las temperaturas descienden por debajo de cero. Los activistas denunciaron que se están produciendo "denegaciones sistemáticas" en el proceso de empadronamiento para las personas sin hogar, bajo el argumento de que "no se ha podido comprobar su residencia habitual en la ciudad".

La movilización fue organizada por colectivos como Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, PIM/MIG, Apoyo Mutuo, Paris 365, Haritu, Lantxotegi, Oxfam Intermón y SOS Racismo, y se llevó a cabo al mediodía con la participación de cerca de una veintena de personas. Portaron una pancarta que proclamaba 'Vivir en la calle. Techo y comida', así como otros carteles que reclamaban: '200 personas en la calle bajo cero'.

En una rueda de prensa, Beatriz Villaizán, de SOS Racismo, y Peio Lasa, de Apoyo Mutuo, expusieron que la manifestación es parte de una campaña para concienciar sobre "la situación crítica de exclusión social que afecta a entre 150 y 200 individuos".

Villaizán expresó su frustración al señalar que "cada año la situación empeora notablemente". Resaltó la falta de medidas efectivas para garantizar un refugio temporal durante las olas de frío, a pesar de los recientes anuncios sobre la reducción de temperaturas y las nevadas inminentes.

A pesar de las condiciones extremas, los manifestantes criticaron la inacción del Ayuntamiento de Pamplona, que no ha activado el protocolo de atención a personas sin hogar durante las crisis climáticas. Lasa afirmó que, aunque el Consistorio tiene plazas habilitadas para estas situaciones, "todas menos ocho están ocupadas", a pesar de que tienen conocimiento de que entre 150 y 200 personas viven en la calle.

"No es necesario buscar mucho para entenderlo: en lugares como el Parque del Mundo o los puentes del Arga, desde Burlada hasta Barañáin, la realidad es evidente", enfatizó.

Además, las organizaciones denunciaron las dificultades que enfrentan las personas en situación de calle para empadronarse, con plazos que se prolongan hasta seis meses. Posteriormente, muchas de estas solicitudes son denegadas, alegando que "no se ha podido comprobar su residencia habitual", a pesar de que el Ayuntamiento no ha realizado visitas ni ha demostrado las acciones necesarias para verificar su situación.

Lasa subrayó que "la ley establece que se puede y se debe empadronar a estas personas", dejando claro que "el Ayuntamiento tiene la responsabilidad legal de hacerlo". Sin embargo, esta obligación no se está cumpliendo, y las solicitudes son rechazadas de forma sistemática sin una sola cita para la verificación requerida.

En este contexto, Villaizán apuntó que "la vigilancia por parte de las autoridades es evidente, sin embargo, no se traduce en el reconocimiento de los derechos fundamentales de estas personas".

La activista también recordó que "el Gobierno de Navarra es el responsable último de garantizar que todas las personas que viven aquí tengan cubiertas sus necesidades básicas". Insistió en que esto no es una invención, ya que está estipulado en la Cartera de Servicios Sociales. "Los ayuntamientos deben gestionar, pero el Gobierno debe garantizar", apuntó.

Villaizán condenó la actitud de ignorar la existencia de quienes viven en la calle, describiendo un "juego perverso que perpetúa esta doble puerta", donde primero se les exige una habitualidad, un criterio que consideran ficticio, y después se les solicita estar empadronados, a pesar de que las iniciativas para ello se demoran y terminan en denegaciones.

Finalmente, concluyó que "esto es una irresponsabilidad política que atenta contra la democracia, ya que no se están cumpliendo los derechos fundamentales". Afirmó que "no dejaremos de recordar que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar esos derechos, y si no lo hacen, deberían eliminar sus carteras de servicios sociales, porque no se puede hablar de derechos garantizados si no se aplican a todos por igual".