PAMPLONA, 16 de febrero

El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido llevar a la empresa Ride On, encargada del servicio de bicicletas eléctricas de la ciudad, a los tribunales para solicitar la apertura de un concurso de acreedores. Esta medida se adopta tras la decisión unilateral de la compañía de cerrar el servicio el pasado viernes, lo que ha llevado a la administración local a actuar con celeridad.

La notificación de esta reclamación ya ha sido formalizada ante Ride On, y se espera que en los próximos días se presente la solicitud correspondiente ante el tribunal de lo mercantil. La intención del Ayuntamiento es clara: asegurar que el servicio se mantenga operativo durante la transición hasta que entre en funcionamiento la nueva adjudicataria, prevista para septiembre y plenamente operativa en diciembre.

En una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Joxe Abaurrea, concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, aclaró que el Consistorio no tiene deudas pendientes con Ride On, que, por el contrario, mantiene una deuda de 70.000 euros con el Ayuntamiento. Según Abaurrea, la empresa recibió un anticipo de 200.000 euros que debía ser descontado de sus pagos por el servicio, y aún no ha conseguido devolverlo.

A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por alcanzar un acuerdo amigable con Ride On, la decisión de la empresa de cerrar el servicio ha llevado a la situación actual, que ya se vislumbraba como una posibilidad. "Nuestra prioridad era facilitar una transición ordenada, y al no ser posible, asumiremos la responsabilidad que nos compete", afirmó Abaurrea.

Durante la semana pasada, el Ayuntamiento trabajó intensamente para establecer un acuerdo que incluía pagos mensuales para asegurar un funcionamiento de calidad del servicio, la realización de una auditoría externa del estado del stock de bicicletas y un control compartido de las cuentas y de la deuda de la empresa. Sin embargo, las graves deficiencias encontradas y la negativa de Ride On a permitir la auditoría complicaron el proceso y propiciaron el cierre del servicio.

Con la activación del proceso judicial, el Ayuntamiento se convierte en uno de los acreedores de Ride On y buscará mantener el servicio negociando directamente con el administrador concursal. Existe la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el servicio, pero el Consistorio asegura que ha diseñado un sistema que protegerá a los usuarios que tengan abonos o saldo en sus cuentas.

Se está trabajando en un trámite electrónico que permitirá a los usuarios transferir su deuda al Ayuntamiento, que posteriormente la reclamará a la empresa, a cambio del reintegro de su dinero. Se estima que el monto total en juego podría alcanzar los 250.000 euros.

Además, el Ayuntamiento ha tomado medidas para asegurar que no se pierdan los fondos de 1,03 millones de euros recibidos en 2023 del programa Next Generation de la UE, destinados a mejorar el sistema de bicicletas eléctricas en la ciudad.

Desde que Ride On anunciara el cierre del servicio el 6 de febrero, se llevaron a cabo tres reuniones entre las partes, además de numerosas comunicaciones. En la primera de ellas, el Ayuntamiento presentó una propuesta dirigida a mantener el servicio, ofreciendo pagos mensuales y asumiendo gastos operativos a cambio de compromisos de calidad por parte de la empresa y acceso a sus cuentas para fiscalizar su estado.

En las reuniones siguientes, Ride On hizo algunas concesiones pero mantuvo diferencias clave en la verificación del stock y el orden de amortización de su deuda. Mientras que la empresa exigía un pago inmediato de 600.000 euros sin auditorías previas, el Ayuntamiento había establecido límites más razonables en el reconocimiento de deudas.

Simultáneamente a la acción judicial, el Ayuntamiento emprende la licitación de un nuevo servicio de bicicletas eléctricas que será gestionado completamente por la administración local. Esta licitación comenzará a principios de marzo, con el objetivo de que el nuevo servicio esté en marcha antes de las festividades de San Fermín y plenamente operativo en diciembre. Se prevé que el contrato tenga una duración de 10 años y que la nueva operadora pueda adaptarse a las necesidades futuras de otros ayuntamientos de la comarca.