Salud responde a UPN sobre urgencias rurales, asegurando que la información es antigua y que se han hecho "ajustes" recientes.
En la jornada de este 24 de octubre, el Gobierno de Navarra, a través de su Departamento de Salud, ha salido al paso de las afirmaciones expuestas por la parlamentaria Leticia San Martín de UPN. Esta afirmación se refería a la reforma de los puntos de atención continuada y el impacto que tendría en la sanidad pública, destacando que se trata de un borrador que ha sido distribuidos entre los grupos parlamentarios para fomentar un debate constructivo y sumar sugerencias, considerando la variedad de partidos políticos en los municipios afectados.
El departamento de salud ha aclarado que lo que UPN ha presentado es un documento antiguo, concretamente una versión que data de junio, la cual ha sido enriquecida en los últimos meses con diversas sugerencias y adaptaciones provenientes de múltiples actores clave en el sector, aunque, según su versión, no había habido aportes públicos de UPN hasta el día de hoy, lo que consideran una falta de lealtad. Aseguran que el documento actual incluye varios ajustes significativos que reflejan el trabajo realizado desde entonces.
La parlamentaria de UPN, por su parte, ha denunciado en una rueda de prensa que el mencionado borrador sobre la reestructuración de los servicios de urgencias rurales implica el cierre de los servicios en 11 centros de salud, lo que provocaría un grave perjuicio en la atención a la población.
Leticia San Martín criticó esta situación al considerar que refleja un desprecio por parte de UPN hacia el esfuerzo colaborativo y el deseo de alcanzar un consenso que favorezca la mejora de la red de salud pública. Destacó que el trabajo realizado ha requerido meses de dedicación por parte de los técnicos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Desde el Departamento de Salud han expresado que la situación generada ha provocado una ruptura en la mínima confianza necesaria para continuar trabajando en conjunto, advirtiendo que el proceder de quienes anteponen intereses políticos al bienestar común tendrá que ser revisado, priorizando siempre el interés general por encima de la controversia partidista.
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