En Pamplona, el 17 de febrero, una coalición de sindicatos vascos, incluyendo ELA, LAB, STEILAS, Etxalde y HIRU, ha presentado una iniciativa al Gobierno de Navarra en relación a la inminente huelga general programada para el 17 de marzo. Su demanda principal es que se revisen de manera justa los criterios para determinar los servicios mínimos ante esta jornada de protesta.

En un comunicado conjunto, estas organizaciones han expresado su preocupación por el aumento prohibitivo de la aplicación de servicios mínimos en los últimos años. Critican que el departamento de Empleo ha interpretado de manera restrictiva estos servicios, lo que ha llevado a una ampliación indebida de los mismos.

Los sindicatos argumentan que este enfoque pone en peligro el derecho fundamental a la huelga y socava el principio de proporcionalidad que debería regir en cualquier convocatoria de huelga general.

Con un enfoque en aspectos concretos, los sindicatos han propuesto criterios específicos para los sectores de educación y transporte público. En el ámbito educativo, sostienen que no deberían implementar servicios mínimos durante la huelga, argumentando que una jornada de huelga no compromete el derecho a la educación.

Critican también el incremento sistemático de los servicios mínimos en este sector, que, según ellos, limita efectivamente el ejercicio del derecho a la huelga.

Además, estas organizaciones enfatizan el valor educativo de la huelga, proponiendo que en las etapas escolares más avanzadas, sea una oportunidad para profundizar en la lucha obrera, la cohesión social y los principios democráticos.

En cuanto al transporte público, los convocantes consideran que las exigencias de servicios mínimos son excesivas y que el actual modelo prioriza injustamente el derecho al trabajo, en detrimento de la movilización social y el derecho a la huelga. Aseguran que la responsabilidad del gobierno debe ser garantizar el acceso a servicios esenciales, no mantener la actividad económica cotidiana.

Por ello, los sindicatos exigen que no se establezcan servicios mínimos, y en caso de que se consideren necesarios, deben orientarse a facilitar el acceso a servicios básicos y permitir la participación en manifestaciones vinculadas al derecho a la protesta.

Finalmente, los sindicatos han manifestado su descontento con la práctica habitual de publicar las instrucciones sobre servicios mínimos con muy poco tiempo de antelación, lo que dificulta el ejercicio del derecho a huelga. Solicitan que la orden correspondiente a la huelga general del 17 de marzo se emita antes del 7 de marzo para garantizar una correcta planificación por parte de los trabajadores.