PAMPLONA, 26 de noviembre. En una reciente comparecencia en el Parlamento de Navarra, Javier Ruiz, responsable del informe de la Sección de Minas, se pronunció sobre el controvertido proyecto de duplicación del túnel de Belate. Durante su intervención, aclaró que su entidad "no es la responsable" del incremento de 8,5 millones de euros en el coste del proyecto, que se aleja un 12% de lo inicialmente previsto.

Ruiz enfatizó que la modificación del proyecto no surgió a solicitud de la Sección de Minas. "Tanto la Sección de Minas como los informes que emití no son el origen de esta modificación", afirmó, generando interrogantes sobre la gestión del proyecto y su supervisión.

El ingeniero explicó que, de no haberse presentado un estudio preliminar, el proyecto de sostenimiento habría seguido su curso habitual, aprobándose potencialmente sin cambios significativos. "La Sección de Minas simplemente tramita la documentación recibida", indicó, añadiendo que durante este proceso se produjeron modificaciones en la documentación en cuestión.

Ruiz describió el proceso detalladamente, señalando que tras un primer requerimiento se generó nueva documentación que pasó a análisis por su parte, siempre bajo la condición de que el titular del proyecto diese su visto bueno. "Si hubiéramos considerado necesarios cambios, habríamos hecho imposiciones directas en lugar de solicitar la conformidad", aseguró.

El ingeniero también recordó las primeras reuniones con el consorcio adjudicatario, donde se discutieron propuestas de modificaciones en el proyecto. "Fue en la documentación presentada, en respuesta al requerimiento, donde descubrimos oficialmente el estudio preliminar", subrayó, refiriéndose a la gradual aparición de estos cambios en el marco del proceso administrativo.

El planteamiento de la UTE proponía modificaciones sustanciales respecto a lo solicitado inicialmente, y Ruiz destacó que cualquier cambio de tal magnitud requiere la aprobación expresa de la Dirección General de Obras Públicas para asegurar su viabilidad.

En su exposición, Ruiz mencionó la naturaleza inherentemente impredecible de la construcción de túneles, que a menudo lleva a la necesidad de modificaciones durante la ejecución de la obra. Puso de relieve que la normativa exige que, antes de iniciar los trabajos, el contratista acepte o rechace el proyecto de sostenimiento propuesto.

Además, Ruiz matizó que el problema no radica en que el adjudicatario plantee cambios, sino que la evaluación de su pertinencia recaerá sobre la dirección de la obra competente, un aspecto que su sección no ha manejado directamente.

Por otro lado, se refirió a la importancia de informar a los proyectistas sobre cualquier cambio planteado. Ruiz manifestó que, aunque comprendía las discrepancias de la UTE, consideraba incoherente que no se consultara a los redactores originales si se cuestionaban aspectos del proyecto constructivo.

Ante las preguntas del parlamentario de UPN, Pedro González, sobre el calendario de voladuras previsto, Ruiz destacó que existen diferencias entre los distintos tipos de obra. Indicó que, aunque algunas voladuras en el proyecto estaban autorizadas, su tramitación es un proceso distinto y específico.

Asimismo, reforzó su argumento aclarando que las voladuras en el desmonte de la boca sur del túnel contaban con la debida autorización y seguridad, y que, tras su aprobación, se comunicó a la Delegación del Gobierno el uso de explosivos según las especificaciones del proyecto.

Por último, Ruiz desmintió cualquier injerencia política en su trabajo, defendiendo la integridad de su labor dentro de la administración. A su vez, el parlamentario del PSN, Javier Lecumberri, destacó cambios en la narrativa de UPN respecto a este tema, señalando cómo, tras no encontrar indicios de fraude en la mesa de contratación, la atención se ha desviado hacia las modificaciones del proyecto.