En Pamplona, el 23 de octubre, la Policía Foral ha logrado desmantelar una red delictiva dedicada al robo de cableado de cobre en varias localidades de Navarra y La Rioja. Las autoridades detuvieron a tres individuos de 55, 41 y 27 años, quienes se habían especializado en esta actividad ilegal que afecta a la infraestructura de la región.

La operación se lanzó en julio después de que se denunciara la sustracción de 2,000 metros de cable en el polígono industrial de Sartaguda. La Policía Foral, al analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, identificó un vehículo sospechoso. Esto llevó a la creación de un dispositivo de seguimiento, que incluyó a agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana, quienes observaron cómo los sospechosos se desplazaban a diversas localidades, incluyendo Villatuerta, Larraga y Cirauqui, para ejecutar sus robos en polígonos industriales y áreas menos transitadas.

Los delincuentes operaban con una táctica muy específica: se hacían pasar por trabajadores de una empresa eléctrica nacional, utilizando ropa de alta visibilidad y equipo de señalización, engañando así a los ciudadanos y evitando atraer la atención de los agentes policiales. Esta estrategia les permitió llevar a cabo sus actividades delictivas con relativa impunidad, según ha informado el gobierno foral.

La investigación culminó a mediados de octubre con la arresto de los presuntos responsables, a quienes se les imputan hasta siete delitos de robo con fuerza en seis localidades diferentes, con reincidencia en algunos casos. Las autoridades creen que podría haber más víctimas, por lo que el caso sigue abierto para investigar posibles delitos adicionales.

Durante las detenciones, se encontraron diversas herramientas y materiales en posesión de los delincuentes, como máquinas peladoras de cable y documentos que indicaban las ubicaciones de las arquetas que planeaban atacar. Esto sugiere que habían estado organizando sus robos bajo la apariencia de llevar a cabo trabajos legítimos. La valiosa colaboración de la ciudadanía y el análisis de las cámaras de seguridad fueron determinantes para esclarecer los hechos, que habrían causado pérdidas superiores a 30,000 euros a los municipios afectados.

Los tres arrestados, que cuentan con un amplio historial delictivo en delitos patrimoniales, fueron presentados ante el juzgado correspondiente, junto con el informe policial elaborado por el Grupo de Policía Judicial de Estella-Lizarra.