La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha puesto de relieve la gravedad de los abusos sexuales y la importancia de proteger a las víctimas. En un fallo decidido el 24 de septiembre, esta institución ha reafirmado una condena de seis años de prisión contra un hombre que, desde los ocho años de la menor, abusó sexualmente de su hermanastra de manera sistemática.

El condenado, un ciudadano ecuatoriano de 27 años, no solo deberá cumplir su pena de prisión, sino que tras su liberación estará sometido a una medida de libertad vigilada durante diez años más. Además, la sentencia impone que durante este tiempo se le prohíbe acercarse a la víctima, estableciendo una distancia mínima de 300 metros, así como compensarla con 30.000 euros por el daño moral causado.

De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el tribunal, el individuo llegó a España en 2016 y cohabitó con su madre, su pareja y las hijas de esta. Esta convivencia continuó en varios domicilios hasta que se independizó en 2022 y empezó a vivir con su pareja. Durante el tiempo que pasó al cuidado de la menor, el acusado aprovechó esta situación vulnerable para someterla a abusos, utilizando manipulación emocional al proponerle actos de contenido sexual a cambio de permitirle jugar con su teléfono móvil.

Los efectos devastadores de estos abusos no han pasado desapercibidos; la joven víctima ha comenzado a recibir apoyo psicológico, mostrando síntomas de depresión y culpa desde enero de 2024, gracias a la asistencia brindada por el Servicio Social de Justicia de Navarra.

La Audiencia Provincial de Navarra calificó estos hechos como un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años. Uno de los elementos clave en la confirmación de la sentencia fue el testimonio de la víctima, que se presentó de manera preconstituida y fue reproducido en la audiencia. Este testimonio, junto con diversas pruebas documentales y psicológicas, solidificó la credibilidad de su relato.

Frente a la apelación del acusado, que buscaba su absolución y, alternativamente, un nuevo juicio, la Fiscalía y la acusación particular defendieron la ratificación de la sentencia. Los magistrados del TSJN se alinearon con estas posturas, reafirmando la consistencia del testimonio de la víctima y valorando su credibilidad a partir de evaluaciones realizadas por psicólogos forenses, quienes confirmaron que sus síntomas eran compatibles con los abusos sufridos.

Además, el tribunal subrayó la importancia de proteger a los menores en procesos judiciales, justificando la decisión de no permitir que la víctima declarara nuevamente. Se reafirmó así la necesidad de un enfoque sensible hacia los jóvenes en procedimientos legales, reconociendo que la protección de sus derechos e intereses es primordial, especialmente en un entorno que puede resultar abrumador.

Previniendo la posibilidad de que la joven sufriera una revictimización, el tribunal enfatizó la importancia de manejar su testimonio de una manera que no interfiriera en su proceso de recuperación, reafirmando la obligación del sistema judicial de garantizar la seguridad y el bienestar psicológico de las víctimas más vulnerables.