En el contexto de una creciente polémica sobre la gestión cultural en Pamplona, el grupo municipal de UPN ha alzado la voz en contra del alcalde Joseba Asiron, acusándolo de actuar sin el debido rigor al insistir en el traslado de las esculturas del Paseo Sarasate a la Taconera. Esta acción se encuentra, según los regionalistas, bajo cuestionamiento judicial y carece de la necesaria modificación del PEPRI, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo, lo que debería haberse llevado a cabo antes de cualquier decisión.

A pesar de estas críticas, el Ayuntamiento ha avanzado en el proceso, anunciando la adjudicación de las obras para el traslado por un importe considerable de 155.577,84 euros. A su vez, se contempla la redacción de una posible modificación del Plan Municipal que garantice que las esculturas mantengan el nivel de protección vigente. Sin embargo, UPN considera que este enfoque revela una contradicción fundamental, ya que implica un reconocimiento por parte del gobierno local de su propia falta de alineación con la normativa vigente al admitir la necesidad de cambiar las regulaciones existentes.

UPN ha señalado que, en lugar de adoptar esta postura "unilateral", lo más razonable habría sido optar por alternativas como esperar la resolución de los tribunales o proceder a la modificación del PEPRI siguiendo los trámites adecuados. Insisten en que el actual marco normativo impide el traslado de las esculturas a otra ubicación, lo que subraya la necesidad de un manejo más cuidadoso e informado de estas cuestiones culturales.

Además, han expuesto su descontento respecto a lo que consideran un "oscurantismo" por parte de Asiron en esta gestión, afirmando que se les ha negado el acceso a los informes requeridos para desempeñar su función de oposición. Aseguran que su acceso al expediente ha sido obstaculizado y que no han recibido respuestas a sus solicitudes de información, lo que dificulta la transparencia en la gestión pública.

Finalmente, los regionalistas han expresado su preocupación por el posible uso indebido de fondos públicos en una operación que podría ser considerada ilegal. Desde UPN han criticado la postura de Asiron, sugiriendo que su enfoque parece más dirigido por consideraciones ideológicas que por el bienestar general y el respeto a las normas urbanísticas establecidas. Han instado al alcalde a detener el traslado de las esculturas hasta que exista claridad judicial o se realice una modificación formal del PEPRI para garantizar la legalidad y la adecuada protección del patrimonio cultural de Pamplona.