El 27 de diciembre de 2023, la formación política Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha manifestado su descontento ante lo que consideran un "grave incumplimiento" del Plan Anual Normativo de 2024, previamente aprobado por el Gobierno de Navarra hace un año. Según UPN, de las 19 leyes forales que se contemplaban en este plan, solo se han conseguido aprobar tres: la Ley foral del derecho a la vivienda, la Ley foral de modificaciones tributarias para 2025, y la Ley foral que regula la carrera profesional de los niveles C y D dentro del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estas afirmaciones reflejan una preocupación sobre el ritmo y la efectividad de la labor legislativa del ejecutivo regional.

Si bien UPN reconoce que de las 16 iniciativas legales restantes algunas se encuentran en diferentes etapas de tramitación, el partido recuerda que el Acuerdo de Gobierno fechado el 13 de diciembre de 2023, que daba paso al Plan Anual Normativo para 2024, establece claramente que el Gobierno de Navarra debe presentar anualmente un plan normativo con las iniciativas que se prevén llevar a aprobación en el año siguiente. Este punto subraya un compromiso que, según los regionalistas, no ha sido cumplido adecuadamente.

En su declaración, UPN afirma sin rodeos que "quedó de manifiesto que este compromiso ha sido vulnerado". Esta insatisfacción les lleva a anticipar que el nuevo Plan Anual Normativo para 2025 podría enfrentar la misma suerte que su predecesor, sugiriendo que las promesas recientes de los tres vicepresidentes del Gobierno de María Chivite podrían ser solo una fachada sin sustancia real. "Las buenas intenciones y los propósitos anunciados son, a nuestro juicio, meras palabras vacías", sentencian.

UPN cuestiona la eficacia del Gobierno de Chivite, argumentando que se ha vuelto habitual que se anuncien esfuerzos y propuestas con gran alharaca, pero que luego no se materializan. "Consideramos que esta actitud es una forma de engañar a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra", sostienen con firmeza desde el partido, resaltando la necesidad de una mayor responsabilidad y transparencia en la gestión pública.

Adentrándose en la controversia, UPN enumera específicamente las iniciativas legales que, según su análisis, no han alcanzado la aprobación durante 2024 y que formaban parte del Proceso Normativo original del Gobierno. Estas incluyen reformas críticas en áreas como la transparencia, la salud, la cohesión territorial, la movilidad sostenible y el desarrollo rural, así como la creación de nuevos organismos como la Agencia de Transición Energética de Navarra. La lista revela una serie de medidas que, de haber sido aprobadas, podrían haber impactado positivamente en varios aspectos de la vida social y económica de la comunidad foral.

La incidencia y el alcance de las críticas de UPN evidencian un clima de creciente expectación y desconfianza entre las instancias políticas de Navarra, en donde el compromiso con la regulación efectiva y la implementación de leyes se convierte en un tema de debate esencial entre la ciudadanía y sus representantes.