En Pamplona, la controversia en torno al servicio de alquiler de bicicletas eléctricas ha tomado un giro significativo, con UPN, el grupo municipal de la ciudad, lanzando fuertes críticas hacia el alcalde Joseba Asiron. La acusación más reciente se centra en lo que consideran una “debilitada gestión” del servicio, justo después de que el gobierno local anunciara una nueva licitación para el próximo mes de marzo, tras la interrupción del servicio por parte de la compañía Ride On, la cual se debió a impagos por parte del Ayuntamiento.

En un comunicado emitido, UPN enfatizó que los problemas actuales del servicio son resultado exclusivo de la administración actual, recordando que el año pasado se decidió liquidar la concesión anterior, que había sido gestionada bajo su mandato. Según su perspectiva, cuando estaban en el gobierno, el servicio funcionaba adecuadamente y contaba con la aprobación de los ciudadanos, aunque reconocen que existían inconvenientes que eran resueltos de manera efectiva.

Añadieron que desde la llegada de Asiron al cargo, los problemas en la gestión se han multiplicado. La decisión de liquidar la concesión heredada y proceder a la compra de los materiales del servicio llegó en abril, después de los primeros avisos de paralización por parte de Ride On. En ese momento, el concejal Joxe Abaurrea había calificado el acuerdo como "extraordinario", asegurando que aportaría estabilidad y continuidad al servicio y facilitaría su futura comarcalización.

No obstante, a los pocos meses, se ha evidenciado que el acuerdo ha fracasado. El Ayuntamiento gastó alrededor de 800.000 euros en un material que, según los foralistas, no se verificó en debida forma. Este tipo de gestión ha sido criticada, sugiriendo que se trata de un patrón recurrente de su administración: culpar a UPN por fallas propias mientras anunciaban incongruentes soluciones que rara vez se materializan.

Además, UPN ha denunciado un claro “oscurantismo” por parte del equipo de gobierno, resaltando la falta de información tanto para la oposición como para los usuarios. Sostienen que si no hubiera sido por su reciente rueda de prensa sobre la escacez de bicicletas, el gobierno probablemente no hubiera comunicado nada sobre la situación.

Mirando hacia adelante, han expresado su preocupación respecto a las nuevas promesas del equipo de gobierno. Aparentemente, existe la posibilidad de que el servicio continúe en su estado actual deficiente al menos hasta diciembre, con planes de una nueva licitación en marzo y la expectativa de que el servicio esté plenamente operando en diciembre.

Sin embargo, la incertidumbre persiste, especialmente en lo que respecta a los acuerdos con Ride On, que se muestran distantes y sin garantías, lo que podría complicar todavía más la transición hacia una solución definitiva. Las declaraciones de Abaurrea han dejado ver que lograr el acuerdo con la empresa no es solo incierto, sino que también podrían no cumplir con el servicio durante todo este tiempo.

A medida que se espera un análisis más profundo de lo anunciado y la publicación de los términos de la licitación, los regionalistas no se muestran optimistas sobre la posible resolución de los problemas. En su opinión, el gobierno se encuentra en un ciclo de improvisación, desviándose hacia decisiones retroactivas en lugar de establecer un rumbo claro, especialmente en lo que respecta a la comarcalización del servicio de bicicletas eléctricas, que siempre ha sido un tema controvertido.

Finalmente, los cambios en la estrategia del gobierno en relación con la comarcalización del servicio han suscitado dudas. Tras la compra del material, la intención de Asiron de firmar acuerdos de manera individual con cada localidad ha sido revisada nuevamente, sugiriendo ahora que la Mancomunidad se encargará del servicio, una cuestión que nunca ha sido sencilla y que, según UPN, genera aún más desconfianza sobre la capacidad de ofrecer una solución efectiva al problema del alquiler de bicicletas en Pamplona.