En un movimiento contundente hacia la regulación del mercado de alojamientos turísticos, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha informado sobre la identificación de 230 propiedades en Navarra que operan ilegalmente como alojamientos turísticos. Estas viviendas han sido señaladas para que las plataformas digitales eliminen sus anuncios de forma inmediata.

La acción responde a que estos alojamientos solicitaron el número de registro obligatorio a partir del 1 de julio, pero no lograron obtenerlo porque no cumplían con los requisitos legales establecidos. Así lo ha indicado el MIVAU en un comunicado oficial, subrayando la importancia de adherirse a las normativas vigentes.

Las plataformas en cuestión ahora tienen la responsabilidad de retirar los anuncios de estos pisos, que podrían estar siendo promocionados en múltiples sitios a la vez. Esta medida tiene como objetivo garantizar que el mercado de alquileres temporales se ajuste a las normativas locales y prevenga prácticas desleales.

El Ministerio ha resaltado que España se ha convertido en pionera en Europa al implementar un registro único para alojamientos temporales, gracias a una colaboración con el Colegio de Registradores. Este registro tiene como propósito principal “acabar con el fraude en los alquileres turísticos”, y se gestiona mediante la Ventanilla Única Digital, donde los datos se cotejan con los de las plataformas digitales, que participan activamente en la identificación de anuncios que carecen de un código de registro.

Desde su lanzamiento el 1 de enero, el registro ha manejado un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (un 78,75%) corresponden a alquileres turísticos. Sin embargo, 53.786 de estas peticiones han sido revocadas, lo que representa un 20,3% del total, evidenciando la necesidad de una supervisión más rigurosa.

En su análisis, el Ministerio señala que la Comunidad de Madrid se presenta como “la gran anomalía” en este contexto, ya que en esta región el 83% de las solicitudes han sido registradas como alquileres temporales, mientras que solo el 17% lo han hecho como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio han sido rechazadas por no ajustarse a la legalidad.

Una revocación de código indica que la solicitud presentada al Colegio de Registradores contenía información incompleta o no acorde a la normativa vigente, y que no se subsanaron las deficiencias en el tiempo establecido. Esta política busca garantizar la transparencia y la legalidad en un sector tan esencial como el de la vivienda.

Finalmente, con la implementación de la Ventanilla Única Digital, el Ministerio se propone “proteger la función social de la vivienda” y combatir la proliferación de pisos turísticos ilegales que, según señalan, están provocando la expulsión de familias de sus barrios y alterando la estructura de las ciudades.