Aierdi destaca que existen entidades más experimentadas que la OANA con una postura diferente sobre las VPO.

En un ambiente tenso en el Parlamento de Navarra, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ha expresado su desacuerdo con un informe emitido por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA). Este informe califica como nula la adjudicación de 62 viviendas de protección oficial en Erripañaga a la UTE Acciona-Servinabar, una operación que tuvo lugar en 2018, cuando Aierdi ocupaba la gerencia de la sociedad pública Nasuvinsa.

Durante su declaración ante la comisión de investigación, Aierdi manifestó su respeto por la OANA, pero aseguró que prefiere confiar en otras entidades con mayor trayectoria, como la Cámara de Comptos y la Intervención General del Gobierno de Navarra, que, según él, sostienen una postura diferente a la de la OANA en esta cuestión.

El consejero admitió sentirse sorprendido y frustrado al recibir el informe, criticando la interpretación que hace de ciertos hechos. Aierdi dejó claro que no coincide con las conclusiones de esta evaluación, especialmente porque, a su juicio, en el momento de la redacción del informe, no se había documentado la resolución que permitía llevar a cabo la contratación de las obras por parte de Nasuvinsa.

Argumentó que la inquietud de la OANA por la supuesta falta de autorización era infundada, ya que posteriormente se demostró que existía una resolución del 27 de diciembre de 2018, emitida por el consejero de Inclusión y Protección Social, que autorizaba la promoción de dichas viviendas.

Aierdi defendió la legalidad de la operación y aseguró que la OANA contaba con información incorrecta que comprometía su conclusión. Para él, la promoción contaba con todas las autorizaciones necesarias en su momento, desestimando así las críticas hacia la gestión de Nasuvinsa.

En respuesta a preguntas del parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, sobre la falta de trámites preparatorios y de nombramientos en la mesa de contratación, Aierdi reiteró que la legislación foral de contratos públicos no se aplica de la misma manera a las sociedades públicas que a las administraciones tradicionales. Según su interpretación, en el momento de la contratación no era obligatorio designar un presidente para la mesa de licitación.

El consejero también destacó que la asesoría jurídica de Nasuvinsa actuaba conforme a las directrices de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, asegurando que los criterios para la contratación eran coherentes y consistentes en todas las sociedades públicas bajo su supervisión.

Sin embargo, Aierdi reconoció que la falta de actas de la mesa de contratación era un aspecto "relevante", admitiendo que esto le llevó a indagar más sobre el asunto. Aunque el secretario de la mesa le aseguró que las actas existían, también confirmó que no habían logrado localizarlas, lo cual Aierdi describió como un "fallo en el procedimiento".