El Congreso desestima la enmienda de UPN para eliminar la Transitoria Cuarta.

En una reciente sesión, la Mesa del Congreso de los Diputados ha tomado la decisión de no avanzar con la enmienda presentada por UPN, que proponía eliminar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Este apartado brinda un mecanismo para la posible integración de Navarra en Euskadi, generando así un intenso debate en el ámbito político.

La propuesta de UPN se formuló como parte de una enmienda a una iniciativa destinada a que la isla de Formentera cuente con un senador propio, sin la necesidad de un vínculo directo con el senador de Ibiza. Lo que parecía una modificación local ha llevado a una controversia mayor debido a sus implicaciones territoriales.

Los expertos legales de la Cámara Baja recomendaron la inadmisión de la propuesta de UPN, argumentando que su contenido se desviaba considerablemente de la intención inicial de la reforma, lo que la convierte en una nueva propuesta de reforma constitucional. Este tipo de iniciativa requiere seguir un procedimiento más riguroso, tal como lo establece el artículo 146 del Reglamento del Congreso.

Este artículo señala que cualquier proyecto o proposición de reforma constitucional necesita el respaldo de al menos dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros de la Cámara para ser considerado. En este caso particular, UPN no logró reunir los apoyos necesarios.

Por unanimidad, la Mesa del Congreso, compuesta por representantes de PP, PSOE y Sumar, determinó no admitir la enmienda, lo que significa que la discusión sobre la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta no se llevará a cabo. Esta decisión refuerza la inamovible postura respecto a la integración de Navarra y Euskadi.

En un movimiento similar, la Mesa también rechazó once enmiendas presentadas por el PNV, que buscaban abordar la reforma constitucional mediante la proposición relacionada con Formentera. Entre las propuestas del PNV se incluía la derogación del artículo 155, que faculta al Gobierno a intervenir en gobiernos autonómicos, y la necesidad de establecer límites a la inviolabilidad del rey. Además, buscaba el reconocimiento del derecho a decidir para la ciudadanía vasca, condicionando su ejercicio a un acuerdo con el Estado.

Los asesores legales indicaron que varios de los planteamientos del PNV requieren seguir el procedimiento más estricto para reformas constitucionales y que algunos de ellos exceden las limitaciones de la iniciativa originaria, lo que también justifica su inadmisión según el marco regulador vigente.