Remírez advierte que UPN amenaza el autogobierno con su propuesta de derogar la transitoria cuarta.

En una reciente sesión del Parlamento de Navarra, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno foral, Javier Remírez, ha calificado de "chapuza jurídica" la propuesta del partido UPN de eliminar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, la cual permite la inclusión de Navarra en el País Vasco. Remírez considera que esta medida no solo es inadecuada, sino que también representa una amenaza para el autogobierno de la comunidad.

Durante el debate, que se generó a raíz de una interpelación de UPN, Remírez enfatizó que dicha iniciativa no fortalece la autonomía navarra, sino que pone en peligro otros derechos históricos consagrados en la Constitución, como la disposición adicional primera. Criticó a UPN por despreciar el diálogo y actuar sin considerar el impacto que sus propuestas tienen sobre Navarra, al actuar de manera unilateral tanto en el Congreso como en el Parlamento foral.

El representante del Gobierno navarro argumentó que la actitud de UPN alimenta la confrontación en lugar de fomentar el consenso. Se cuestionó por qué el partido no había impulsado esta propuesta durante sus años en el poder, sugiriendo que la eliminación de la disposición transitoria podría abrir la puerta a la derogación de otros elementos clave de la Constitución en el futuro.

Remírez defendió el compromiso del Ejecutivo liderado por María Chivite en la protección del autogobierno de Navarra y destacó avances significativos en competencias desde su llegada al poder en 2019. En este sentido, recordó que actualmente se están negociando importantes transferencias relacionadas con investigación y desarrollo, así como asuntos laborales y de seguridad social, acentuando la diferencia entre acción y ruido político.

Por su parte, Javier Esparza, portavoz de UPN, criticó al Partido Socialista de Navarra (PSN) por su aparente doble moral, sugiriendo que solo apoyan el desarrollo foral cuando les conviene. Según Esparza, las decisiones del PSN siempre parecen condicionadas por los beneficios políticos que puedan obtener. Cuestionó cómo se puede calificar la disposición como un anacronismo si, en su opinión, el PSN no está dispuesto a respaldar su eliminación.

Ainhoa Unzu, parlamentaria del PSN, respondió enfatizando el compromiso de su partido con una Navarra diversa que fortalezca su autogobierno. Lamentó que UPN recurra a tácticas del pasado, como el "miedo" a la anexión, mientras que la verdadera preocupación de la ciudadanía parece estar lejos de estos debates estériles.

Desde el grupo de EH Bildu, Laura Aznal argumentó que la disposición transitoria cuarta no se alinea con su visión de relación con otras comunidades forales. Manifestó que no respaldan ninguna agenda anexada y defendió la autodeterminación de Navarra como un sujeto político. Insistió en que las narrativas de anexión son impulsadas por las fuerzas de la derecha.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, se unió al debate señalando que eliminar la disposición transitoria cuarta sería un retroceso en la capacidad de decisión de la ciudadanía navarra. Cuestionó por qué UPN muestra resistencia a esta disposición, sugiriendo que su oposición podría estar vinculada a la incomodidad ante una mayoría que no comparta su perspectiva.

En contraste, Javier García, del Partido Popular de Navarra, se mostró a favor de derogar la disposición, criticando al PSN por alinearse con el nacionalismo. Sugirió que los socialistas han perdido sus principios y que, en lugar de ser una voz de oposición, se han convertido en cómplices de lo que él calificó de agenda separatista.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, dejó claro que su formación no se identifica con el nacionalismo, pero defendió el derecho de la ciudadanía a ser escuchada. Evaluó la disposición transitoria cuarta como un mecanismo democrático valioso dentro de la Constitución española, argumentando que su eliminación sería un paso atrás en la representación ciudadana.

Finalmente, Emilio Jiménez de Vox, defendió la idea de que Navarra ya posee un estatus político bien definido y cuestionó la pertinencia de mantener la disposición transitoria, la cual consideró una fuente de incertidumbre respecto al futuro de la comunidad como entidad diferenciada dentro de España.