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Navarra 26 de Marzo de 2026 · 13:39h 4 min de lectura

UAGN denuncia que las empresas han acordado una reducción "ilegal e injustificada" en el precio de la leche.

PAMPLONA, 26 de marzo. La Unión Agroganadera de Navarra (UAGN) ha denunciado la existencia de un posible "cartel de la leche" que estaría coordinando una reducción "ilegal" e "injustificada" en el precio de este alimento, con el fin de obtener un "beneficio desmedido" a expensas de los productores, considerados el eslabón más débil de la cadena. Ante esta situación, han hecho un llamado a las autoridades y a la justicia para que intervengan de inmediato.

Félix Bariáin, presidente de UAGN, expuso estos argumentos durante una conferencia de prensa en la sede de la organización en Pamplona, donde fue acompañado por Beni Irurita, miembro de su ejecutiva. Bariáin especificó que las empresas del sector están proponiendo una disminución en los precios de la leche que se reflejará en los contratos programados para finales de mes.

"Resulta incomprensible que, en un contexto global donde los costos de insumos, como el gasoil, los fertilizantes y la energía, están en niveles nunca antes vistos, las empresas lácteas opten por bajar sus precios a los ganaderos", declaró Bariáin. Esta situación se agrava, según él, dado que recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas millonarias a empresas por prácticas colusorias relacionadas con los precios.

Bariáin advirtió que la sincronización en las propuestas de precios entre las distintas empresas es una señal preocupante de la posible existencia de un nuevo cartel lácteo en España, un país que, a diferencia de Alemania y Dinamarca, enfrenta una notoria escasez de leche. La apelación al exceso de oferta en otros países se percibe como una justificación inadecuada para esta drástica reducción de precios.

El líder de UAGN denunció además el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, instando a una actuación contundente por parte de todos los niveles de Gobierno, desde la Fiscalía hasta el Ministerio de Agricultura, para poner fin a lo que considera una "aberración" y un claro caso de manipulación de precios. "Esto no es más que extorsión", enfatizó.

Bariáin solicitó a los responsables políticos que tomen medidas concretas y que la Agencia de Control Alimentario actúe de manera proactiva y sancione a quienes vulneran la ley. Muchos ganaderos, acotó, temen represalias y se sienten presionados a no alzar su voz, pues podrían perder a sus compradores al instante. En un panorama sombrío, aludió a que el 50% de los negocios relacionados con la leche han desaparecido en los últimos años.

El presidente de UAGN hizo un llamado directo al ministro de Agricultura, Luis Planas, instándolo a exigir explicaciones a las empresas lácteas sobre sus decisiones de reducción de precios. Sin embargo, lamentó que no exista la voluntad de sancionar a estas corporaciones, sugiriendo que los intereses del sector ganadero y agrícola no son una prioridad en las políticas actuales.

Bariáin no dudó en calificar a las empresas como responsables de un "desastre" en el sector, menospreciando a aquellos que trabajan en el ámbito rural. A pesar de la baja en el precio de la leche, aseveró que los consumidores terminarán pagando más, mientras que los beneficios se quedarán en cada uno de los eslabones de la cadena, salvo en el de los ganaderos. Demandó a las corporaciones que ofrezcan justificaciones públicas coherentes por esta reducción, anticipando que tendrán que rendir cuentas ante instancias jurídicas.

Por su parte, Beni Irurita también resaltó la crítica situación que enfrentan las granjas de vacuno de lechería en todo el país, puntualizando que la disminución de precios es motivada únicamente por el deseo de obtener beneficios exorbitantes a costa de quienes producen. La problemática se intensifica, explicó, por el impacto de la guerra en Irán, donde el sobrecosto del gasoil afecta gravemente a los productores, que apenas obtienen márgenes de beneficio en un entorno tan adverso.

Irurita exigió a los líderes políticos que tomen medidas reales para aliviar la presión sobre el sector y que se reconozca el trabajo arduo de agricultores y ganaderos, además de exigir que la Ley de Cadena Alimentaria sea aplicada de manera activa y efectiva.

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