El 13 de junio en Pamplona, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción al enviar cartas al presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, y a la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa. En estas comunicaciones, Chivite solicita que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de las adjudicaciones realizadas por el ejecutivo regional a las empresas mencionadas en el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Durante una rueda de prensa celebrada el jueves, la presidenta destacó que se está evaluando, por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, la manera más efectiva de encargar una auditoría externa. Este procedimiento tiene como fin proporcionar un análisis adicional en un esfuerzo por asegurar la transparencia, aunque se subraya que no se presume ninguna ilegalidad en este momento, según lo indicado en un comunicado oficial del Gobierno foral.

Las cartas enviadas por Chivite subrayan su compromiso de ofrecer "garantías adicionales a la ciudadanía para minimizar cualquier sombra de duda". A pesar de ello, la presidenta enfatiza que, hasta la fecha, no se tiene conocimiento de irregularidades dentro de la Comunidad foral.

En caso de que se encuentren evidencias de conducta ilícita o de interferencias externas en los criterios de adjudicación, Chivite ha asegurado que dicha información será comunicada de manera inmediata a la fiscalía.

En relación al Parlamento, y conforme a los artículos 5 y 8c de la ley foral 19/1984 que regula la Cámara de Comptos, se pide que se inicien informes de fiscalización por parte de los órganos competentes. Tanto la Mesa como la Junta de Portavoces tienen la responsabilidad de tratar este asunto en su próxima reunión programada para el lunes 16 de junio. Sin embargo, se excluyen de esta solicitud aquellas adjudicaciones que ya han sido revisadas por la Cámara de Comptos.

Por otro lado, de acuerdo a los artículos 5 y 14 de la ley foral 7/2018 que estableció la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción en Navarra, las acciones de esta entidad pueden iniciarse ante una solicitud fundamentada presentada por instituciones públicas, siendo este precisamente el tipo de solicitud realizada esta mañana por la presidenta del Gobierno foral.