PAMPLONA, 5 de junio. Esta semana, el Parlamento de Navarra ha dado un paso significativo al aprobar una moción impulsada por el grupo Contigo-Zurekin, que hace un llamado al Gobierno de Navarra y al Gobierno central para que tomen medidas que aseguren la exclusión de entidades que participen, de manera directa o indirecta, en actividades vinculadas a genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o apartheid, según estipula el Derecho Internacional.

La moción, que recibió el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, fue rechazada por UPN, PPN, Vox y la diputada no adscrita Maite Nosti. En su primer punto, la Cámara Legislativa insta a ambos gobiernos a implementar acciones que garanticen la exclusión de entidades involucradas en actividades económicas que faciliten violaciones graves de derechos humanos, mediante el uso de declaraciones responsables y verificaciones de fuentes confiables.

Además, se solicita la creación de un inventario que registre a aquellas entidades que, en los últimos cinco años, hayan estado implicadas en tales actividades, asegurando así una mayor trazabilidad y responsabilidad en las contrataciones públicas.

El grupo EH Bildu ha propuesto una enmienda para modificar normativas existentes sobre contratación pública, con el fin de darle mayor claridad y fuerza a los objetivos de la moción. Esta enmienda fue aceptada por Contigo-Zurekin, intensificando el compromiso con un enfoque más contundente en la materia.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, subrayó que el debate no solo se limita a la situación de Palestina, sino que abarca otras crisis humanitarias en Sudán, Ucrania, la República Democrática del Congo y Myanmar, advirtiendo que la moción no aboga por un boicot directo a Israel, sino por prevenir que el dinero público se utilice para financiar violaciones de derechos humanos en el mundo.

Sin embargo, el parlamentario Javier Esparza de UPN cuestionó la legalidad de la moción y la capacidad de llevar a cabo las listas de exclusión, expresando que cualquier intento de señalar y estigmatizar resulta poco ético. Argumentó que la propuesta podría permitir a los gobernantes evadir responsabilidades al adoptar un discurso atractivo que carece de efectividad real.

Por su parte, Ainhoa Unzu del PSN reconoció las dificultades técnicas que plantea la moción y el desafío que esto representa para la administración, pero reafirmó el compromiso de Navarra de no contribuir a violaciones de derechos humanos mientras avanza en el impulso de políticas concretas en este ámbito.

Irati Jiménez, de EH Bildu, también respaldó la moción, advirtiendo que ciertas decisiones sobre las propuestas planteadas no se toman en el Parlamento de Navarra, y enfatizó la necesidad de impulsar cambios normativos en entornos más amplios donde su grupo tiene influencia.

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain se manifestó completamente de acuerdo con el sentir general de la moción, haciendo eco de la indignación por lo que considera un genocidio del pueblo palestino y señalando que, en este contextó actual, Navarra tiene la oportunidad de asumir un papel activo contra estas injusticias.

Irene Royo del PPN criticaría el enfoque de la moción, catalogándola de mera declaración de intenciones, y evidenciando la contradicción entre los pronunciamientos de los proponentes y las acciones del Gobierno central, que incluye la compra de material militar a Israel.

Emilio Jiménez de Vox descalificó la moción como un ejercicio de hipocresía, acusando a sus impulsores de ignorar la separación de poderes y describiendo la propuesta como un acercamiento peligroso a la falta de respeto por el Estado de Derecho, instando a un cambio de postura hacia las relaciones con Bildu, a quien considera implicada en actividades terroristas.