En un giro significativo de los acontecimientos, el Tribunal Supremo ha decidido no permitir que el Gobierno de Navarra se considere víctima en el caso que investiga al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto a su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La resolución del magistrado Leopoldo Puente ha dejado claro que el Ejecutivo navarro no ha demostrado su condición de perjudicado en este escándalo.

El fallo, emitido el lunes, argumenta que el escrito del Gobierno de Navarra es «extremadamente escueto» y carece de referencias concretas sobre los hechos o posibles delitos que justificarían su papel de víctima en esta causa especial. Según el tribunal, la falta de especificidad en la solicitud impide considerar la posición del Gobierno foral como válida dentro del procedimiento.

Esta decisión surge tras una reunión extraordinaria del Gobierno navarro que tuvo lugar el viernes pasado, con el propósito de formalizar su intención de actuar como acusación en relación con el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos. Esta declaración fue motivada por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reveló la existencia de una posible trama en la que estarían implicados Ábalos, Koldo y Cerdán, y que también abarcaría la comunidad foral.

Las investigaciones apuntan a que Santos Cerdán podría ser el origen de una red de cobro de comisiones vinculada a contratos de obra pública en Navarra desde 2015. El presunto escándalo habría crecido junto con el ascenso político de los implicados, alcanzando su cúspide durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

El informe de la UCO se sustenta en ocho grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023 que documentan sus conversaciones con Cerdán y Ábalos. Estas conversaciones revelan una dinámica cambiante de poder entre los tres, donde inicialmente Cerdán tendría la batuta, pero con la llegada de Ábalos y Koldo al ministerio, la situación se invirtió, llevando a Cerdán a una posición de desventaja en la relación.

Según la información recopilada, los contratos objeto de investigación fueron asignados a empresas como Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil estima que las comisiones percibidas de Acciona podrían ascender a unos 620.000 euros, con una deuda a la inversa de 450.000 euros. En un momento revelador, Cerdán declaró: "Voy a ir a por todo".

En paralelo a estos hallazgos, los agentes también desarrollaron una búsqueda en el domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, donde hallaron un documento crucial que demuestra que Cerdán poseía el 45% de Servinabar, una de las empresas más relevantes en la trama de corrupción de obras públicas. Esta empresa, al parecer, obtuvo contrataciones del Gobierno de Navarra por un total que supera los 75 millones de euros.

La situación ha llevado a tensiones internas en el PSOE navarro; el pasado miércoles, Ramón Alzórriz renunció a su puesto como vicesecretario general del partido tras las revelaciones de la UCO. En una comparecencia pública, Alzórriz mencionó que su pareja había estado vinculada profesionalmente a Servinabar, la misma empresa de la que Cerdán, ahora señalado, tiene la propiedad del 45%.