En un reciente pronunciamiento, el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha expresado su satisfacción por el reconocimiento de la condición de funcionarios de 352 docentes del Programa de Aprendizaje Integrado (PAI) en la región. Este avance se ha ratificado tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso presentado por el sindicato Steilas, que defendía que solo el personal docente de los cuerpos estatales debería ejercer la labor educativa en el ámbito público.

Gimeno ha considerado que la sentencia del alto tribunal valida las posiciones sostenidas por el departamento de Educación y, sobre todo, confirma que no existe una exclusividad por parte del personal docente estatal para impartir educación, permitiendo así que otros funcionarios puedan desempeñar estas funciones. "Navarra ha adaptado su estructura educativa a las necesidades actuales, creando puestos para aquellos que poseen un dominio de lengua extranjera necesario para el PAI", apuntó el consejero, subrayando que este modelo respeta las normativas estatales relacionadas con la organización docente.

El consejero celebró la decisión judicial como un respaldo crucial a las competencias históricas de autogobierno de Navarra, destacando que la sentencia asegura la autonomía de la Comunidad Foral en materia de función pública y educación. "Esta resolución frena cualquier intento del sindicato de limitar nuestras capacidades en esta área", afirmó Gimeno, quien también enfatizó el compromiso del Gobierno de Navarra de proteger su autonomía en el ámbito educativo.

La argumentación del Tribunal Supremo refuerza la competencia exclusiva de Navarra en la configuración de plantillas docentes, lo que se evidencia en su dictamen sobre la Ley Foral 11/2022. Tal normativa, que permite la creación de puestos específicos para docentes de lengua extranjera, no solo está respaldada por la sentencia, sino que también abre la puerta a que el Gobierno de Navarra lleve a cabo las gestiones necesarias para potencialmente integrar a este personal en los cuerpos docentes estatales en el futuro.

Gimeno concluyó que esta resolución judicial no solo otorga la capacidad de respuesta necesaria para contratar según las necesidades del sistema educativo, sino que también promete elevar la calidad de la enseñanza en Navarra. El compromiso del Ejecutivo sigue siendo el de adaptar la educación a los requerimientos del presente, con la certeza de que las decisiones tomadas en el ámbito autonómico son completamente válidas y respaldadas por la ley.